La sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó la decisión este miércoles 13 de mayo de abrir una investigación administrativa contra Invamer, la firma encuestadora, tras detectar presuntas irregularidades en el régimen legal que rige las encuestas de opinión política. La ponencia, liderada por la magistrada Maritza Martínez, fue aprobada por amplias mayorías y se fundamenta en un informe de auditoría técnica realizado sobre un estudio de democracia del 2025.

Los hallazgos del CNE tocan aspectos técnicos que cuestionan la confiabilidad de los números que Invamer entregó al público. Primero, la firma habría declarado un efecto de diseño sin tener el respaldo cuantitativo necesario. Segundo, detectaron que los métodos de estimación usados habrían hecho imposible que otros investigadores replicaran independientemente los márgenes de error. Tercero, aparentemente se aplicaron controles sociodemográficos que excluyeron unidades del universo de selección, lo que alteraría las probabilidades de inclusión en la muestra.

Además de estos puntos, el CNE identificó inconsistencias estructurales graves: diferencias entre los microdatos, las huellas digitales y los factores de expansión que afectan la integridad de los soportes técnicos. Todos estos elementos, según el tribunal electoral, "sugieren la existencia de aspectos susceptibles de verificación" en el trabajo de campo y la confiabilidad de la información.

Las consecuencias para Invamer podrían ser severas. Si es hallada responsable, la firma encuestadora podría enfrentar multas o incluso la suspensión o prohibición de ejercer la actividad encuestadora. Esto último sería particularmente grave en un país donde las encuestas alimentan el debate público y la toma de decisiones políticas.

La investigada tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos y las pruebas que considere necesarias para defenderse de este pliego de cargos. Es su oportunidad de explicar las inconsistencias detectadas y demostrar que sus metodologías y resultados son confiables.