A una semana de la primera vuelta presidencial, el Consejo Nacional Electoral se vio envuelto en un episodio que va mucho más allá de un simple desacuerdo entre funcionarios. Lo que se puso en evidencia esta semana al interior del CNE sugiere algo más inquietante: que una autoridad electoral, responsable de garantizar imparcialidad y transparencia, podría estar tomando decisiones con impacto político disfrazándolas de actuaciones administrativas.

Durante una discusión entre los consejeros Fabiola Márquez y Álvaro Hernán Prada el 20 de mayo, quedó registrado un reproche revelador: "Usted tomó una decisión de fondo. Todas esas sanciones pasan por la sala plena. No debió hacerlo así". Esa sola frase, pronunciada en el corazón de un organismo que debe proteger la limpieza democrática, exige explicaciones públicas y revisión institucional. No es un detalle menor cuando el país está a punto de votar por su presidente.

El CNE no es una cancha política donde negocie partidarios o donde deliberen intereses de coaliciones. Es un organismo autónomo integrado por nueve miembros elegidos por el Congreso, que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre toda la actividad electoral. Precisamente porque sus integrantes provienen de postulaciones de partidos políticos, el CNE tiene una carga institucional mayor todavía de imparcialidad, de respeto por el debido proceso y de sujeción estricta a las reglas del juzgamiento.

Lo grave es que varias quejas de naturaleza similar fueron repartidas en distintas salas del CNE, generando decisiones contradictorias e incluso opuestas. La acumulación de casos similares no es un trámite sin importancia: su propósito es evitar fallos opuestos ante hechos parecidos y garantizar coherencia institucional. Cuando eso no ocurre y además afecta a encuestadoras, medios de comunicación o campañas que inciden en la opinión pública, el problema deja de ser administrativo para volverse democrático.

El caso más preocupante es el de la medida cautelar contra la encuestadora Atlas Intel, luego revocada. ¿Con qué fundamentación se adoptó? ¿Qué trámite interno la permitió? Estas preguntas persisten. Las encuestas son herramientas legítimas del debate democrático y pueden ser controladas, criticadas o sancionadas cuando incumplan normas objetivas. Pero no pueden quedar sometidas a decisiones arbitrarias o a interpretaciones políticas de una autoridad que, por su propia composición, debe extremar sus garantías de neutralidad.

Mientras tanto, la Corte Constitucional estudia una demanda contra la Ley 2494 de 2025, que regula las encuestas. Según reportes, dos ponencias sostienen que varios artículos de esa ley no se ajustan a la Constitución porque debieron tramitarse como ley estatutaria, dado que afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política. El estudio fue suspendido y se reanudará el 3 de junio, ya después de la primera vuelta electoral.

Colombia va a votar a su presidente con un régimen de encuestas sometido a interpretaciones discrecionales y decisiones contradictorias de una autoridad electoral. Es lamentable que la Corte no haya decidido antes. Porque cuando una autoridad electoral puede incidir en la circulación de información sin reglas suficientemente claras, el riesgo no es solamente técnico o administrativo. Es democrático. Y en democracia, los árbitros electorales no pueden actuar con camiseta de partido.