En teoría, cualquier candidato presidencial tiene derecho a solicitar hasta 10 mil millones de pesos en anticipos del Estado para gastos de campaña, dinero que debe devolver después. Pero en la práctica, esto no está funcionando. Claudia López y Mauricio Lizcano han salido a denunciar públicamente que no pueden acceder a estos recursos, poniendo en duda las garantías de equidad en la competencia electoral.

López fue clara en sus críticas. A través de redes sociales expresó que "no hay garantías para competir en esta elección presidencial" y cuestionó la ausencia de debates con todos los candidatos. Pero lo más grave, según ella, es que "las autoridades electorales no han definido ni siquiera las reglas de financiación pública de campañas". Señaló que estos lineamientos debían estar listos desde el 31 de enero, y por eso subrayó: "Estas reglas deberían haber estado definidas desde el 31 de enero. No hay garantías para competir en este debate presidencial en Colombia".

Mauricio Lizcano, por su parte, fue aún más directo al denunciar la inequidad. Explicó que ni el Consejo Nacional Electoral ni la Previsora han actuado frente a sus peticiones: "No hemos tenido garantías casi que de nada. Empezando por algo tan sencillo como que el Estado dice que uno puede pedir un anticipo para financiar su campaña. Este Gobierno no nos aprobó ningún anticipo, ni la Previsora que es del Estado nos quiso vender la póliza". Para ilustrar el problema, comparó su situación con la de otros candidatos: "Ahí usted mira la inequidad. De la Espriella, 40.000 millones se ha gastado y nosotros a duras penas hemos podido llegar a mil, ¿uno cómo compite en una democracia donde a unos les dan todo y a otros les dan nada?". Según datos de Transparencia por Colombia, De la Espriella ha registrado ingresos por 32 mil millones y gastos por 16.300 millones.

Lizcano también denunció lo que considera un trato preferencial para otros candidatos: "Mientras unos tienen toda la logística, como aviones privados, todos los recursos. El Estado incluso facilita las tarimas para que Cepeda use las mismas tarimas de los ministros para que eche sus discursos en las plazas, hay otros que estamos discriminados sino sin garantías. La democracia de país es de papel".

El problema no es solo el gobierno. Cuando los bancos ven que ciertos candidatos tienen pocas opciones según las encuestas o riesgo de no pasar el umbral de reposición de votos, simplemente no aprueban préstamos. Por eso existen los anticipos estatales. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, advirtió sobre el daño que esto causa: "las campañas requieren de estos recursos para competir en condiciones de igualdad. El retraso en la definición de estas reglas de juego y sobre todo, de la entrega oportuna de los anticipos, genera un daño democrático irreparable". Y añadió que "la equidad en la competencia electoral es un pilar de nuestra democracia".

Lo más preocupante es el caos administrativo. El Consejo Nacional Electoral apenas reglamentó el procedimiento el 12 de mayo, dejando solo cuatro días hábiles para que los candidatos presentaran solicitudes ante la fecha límite del 15 de mayo. Encima, el CNE exige una póliza de seguros como garantía para que el Estado desembolse los recursos, pero la Previsora, la aseguradora estatal, se ha negado a expedirlas. Sin esa póliza, no hay anticipo. Sin anticipo, algunos candidatos simplemente no pueden competir en las mismas condiciones que otros.