Hostigamiento. Con esa palabra describen miles de usuarios de Claro en Colombia lo que viven cada día. Llamadas desde números diferentes, mensajes de texto sin parar, grabaciones automatizadas amenazando con bloquear el servicio. Todo eso sigue ocurriendo aunque hace varios años entró en vigor la Ley 2300 de 2023, la famosa "Ley Dejen de Fregar", creada justamente para evitar estas prácticas.

El panorama es asfixiante para quienes la padecen. Cuando no suena una llamada desde un número, llega un mensaje. Si ignoras la llamada, aparece otra desde una línea diferente, muchas de ellas identificadas por las aplicaciones como spam. Lo más desconcertante es que esas comunicaciones automatizadas muchas veces advierten sobre la pérdida del número telefónico, como si la línea fuera propiedad de la empresa y no un servicio que el usuario contrató y paga.

Lo que más molesta a los afectados es que el acoso continúa incluso después de resolver la deuda. Desaparece el problema de cobro, pero los mensajes y llamadas no cesan. Es como si la empresa insistiera en contactar sin razón aparente.

Cuando los usuarios reclaman públicamente, suele recibir la misma respuesta: escribir por mensaje privado. Solución que atiende casos individuales, pero que no toca un problema que, según las denuncias, parece ser masivo y organizado.

Aquí surge una pregunta incómoda: ¿dónde están las autoridades que deben vigilar el cumplimiento de esa ley? Si la norma fue creada para proteger a los consumidores, los ciudadanos merecen saber cuántas investigaciones se han abierto contra Claro, cuántas sanciones se han impuesto y qué cambios reales ha traído su aplicación.

Los usuarios no piden privilegios ni tratamientos especiales. Solo exigen que se respeten los horarios y la frecuencia de contacto que la ley permite. Que las empresas entienda que cobrar o comercializar un servicio no puede convertirse en una forma de invasión a la privacidad y la tranquilidad de las personas.

La "Ley Dejen de Fregar" nació para frenar exactamente esto. Ahora le toca a las autoridades demostrar que esa ley no fue únicamente un trámite burocrático, sino una protección real para los consumidores colombianos que confían en que las reglas se cumplan.