En un movimiento que suena más a estrategia que a genuina disposición, el Clan del Golfo anunció que va a suspender temporalmente el cobro del "impuesto de guerra" a comerciantes en varios municipios de Antioquia y Córdoba. La medida regirá desde el 10 de julio hasta el 10 de octubre, según informó el grupo armado a través de un comunicado en el que se propone como interlocutor serio ante el cambio de Gobierno que se avecina.

La organización delictiva dice que esta decisión busca demostrar su disposición al diálogo y enviar una señal de confianza al presidente electo Abelardo de la Espriella. En el mismo pronunciamiento, el Clan del Golfo reconoce y agradece el acompañamiento de gobiernos como el español, noruego, suizo y qatarí, además de organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias. También extendió una invitación para que la nueva administración nombre representantes que verifiquen directamente el avance del proceso.

Pero mientras el Clan del Golfo juega sus cartas sobre la mesa, el nuevo Gobierno cierra la puerta con candado. Rodrigo Lara Restrepo, designado como ministro del Interior, fue claro y directo: no habrá negociaciones con esa organización. En entrevista con La Hora de la Verdad, Lara fue enfático al afirmar que "no habrá negociación con esa organización", dejando en suspenso cualquier esperanza que pudiera haber en el horizonte del grupo armado. El anuncio llega justo días antes de que la nueva administración asuma funciones el 7 de agosto, cuando toda posibilidad de continuidad con los diálogos anteriores se desmorona.