En plena campaña electoral, el Magdalena enfrenta una amenaza que ha causado inquietud en los más altos niveles del Gobierno. La gobernadora Margarita Guerra presentó esta semana ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral una cifra que deja en evidencia el avance de la criminalidad organizada en el departamento: el Clan del Golfo ha aumentado su presencia 653 por ciento desde 2021 hasta hoy. La radiografía fue expuesta en Santa Marta frente a ministros, procuradores, magistrados del CNE y la cúpula militar, y encendió las alarmas a solo días de la jornada electoral.

El dato corresponde al número de integrantes identificados en territorio, consolidado por información del Ejército y la Policía. El Magdalena se convirtió en 2021 en un corredor estratégico para esta organización criminal, gracias a su salida al mar, su conexión con La Guajira y sus municipios del centro y sur, que vinculan con rutas hacia Cesar y Bolívar. Pero no está solo: el departamento también enfrenta la operación simultánea de Los Pachencas, otro grupo armado que disputa con el Clan del Golfo los territorios de mayor valor.

La preocupación de la gobernadora va más allá de los números. Según expuso, ambas estructuras criminales tienen la capacidad de "presionar, constreñir o interferir" en el comportamiento de los electores y en la financiación de campañas políticas, especialmente en zonas donde el Estado tiene menos control. En territorios rurales, advirtió, pueden restringir la movilidad de votantes, ejercer presiones directas o indirectas para que voten por candidatos afines, y mantener control armado sobre puestos de votación.

Hay además un riesgo que genera particular inquietud: la posibilidad de que estas estructuras criminales inyecten recursos a campañas locales, garanticen protección a ciertos candidatos o faciliten logística para beneficiar a fuerzas políticas específicas. El Registrador Nacional, Hernán Penagos, también expresó sus preocupaciones en la sesión sobre estas interferencias.

No menos grave es el peligro que enfrentan testigos electorales, veedores ciudadanos y líderes comunitarios. La Defensoría del Pueblo, presente en la Comisión, ya ha registrado amenazas recientes contra estos actores en el departamento. La expansión del Clan del Golfo ha incrementado significativamente los riesgos para quienes quieran participar en la vigilancia del proceso electoral.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondieron a la advertencia asegurando que la Fuerza Pública ya tiene identificadas las zonas de mayor riesgo. Anunciaron operaciones focalizadas y refuerzos para la jornada del 8 de marzo. El Gobierno reiteró que su objetivo es garantizar "unas elecciones libres y seguras", aunque reconoció que el panorama requiere medidas extraordinarias para lograrlo en un departamento donde la criminalidad organizada ha extendido peligrosamente sus raíces.