El Clan del Golfo no solo ha crecido en números. Ha tomado el Magdalena como si fuera territorio conquistado. Esa fue la conclusión alarmante que dejó la intervención de la gobernadora Margarita Guerra ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, donde reveló que la estructura criminal multiplicó su capacidad armada, operativa y humana en 653 por ciento durante los últimos cinco años en el departamento.

Guerra expuso el panorama ante el ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el registrador nacional, Hernán Penagos. Según la mandataria, "Estamos viendo una consolidación criminal con capacidad de intimidación que supera la reacción institucional. Necesitamos medidas urgentes". La expansión no es solo numérica: el grupo controla ahora corredores estratégicos para el narcotráfico que se extienden desde el sur hasta el norte del departamento, impone cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos, y recluta menores para labores de vigilancia, cobro y sicariato.

En zonas rurales, el patrón es casi calcado en cada municipio. Llamadas intimidatorias, panfletos, cuotas obligatorias. Un líder social del centro del Magdalena, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, describe la realidad cruda: "Ya no es un rumor, es una estructura organizada. Cobran por cabeza de ganado, por carga de yuca, por cada negocio abierto. El que no paga, se va o lo callan". El sector agropecuario ha sido especialmente golpeado, con extorsiones que se han vuelto sistemáticas y que funcionan como una empresa ilegal con jerarquías y funciones definidas.

Lo más inquietante es que la estructura ha comenzado a imponer reglas paralelas. En varios municipios circulan panfletos donde se ordena qué comercio puede abrir, a qué hora cerrar y quién está autorizado para operar. Cuando aparecen homicidios, carteles adjudicados al grupo reclaman autoría, una estrategia que amplifica el terror en la población civil. Sergio Quintero, analista en seguridad pública consultado por El Tiempo, lo resume así: "Hay vacíos institucionales en zonas rurales, disputas por corredores estratégicos y economías ilícitas consolidadas. Cuando el Estado no logra ocupar el territorio con inversión social y presencia permanente, otros actores llenan ese espacio".

Pero la alarma más delicada toca directamente la democracia. La gobernadora Guerra advirtió que la expansión criminal podría estar alcanzando el escenario político, con presuntas presiones al electorado y riesgos de financiamiento ilegal de campañas antes de las elecciones del 8 de marzo. El investigador en conflicto armado Alberto Medina explica el riesgo: "cuando un grupo armado logra controlar la economía y el territorio, el siguiente paso suele ser incidir en decisiones políticas. No necesariamente con candidatos propios visibles, sino mediante alianzas o constricciones silenciosas".

La situación se agrava porque el Clan del Golfo no está solo en la disputa territorial. Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, antes conocidas como Los Pachenca, actúan en la zona norte, y ambas estructuras se enfrentan por corredores estratégicos. Esto ha dejado a la población civil atrapada en medio de amenazas cruzadas: "El campesino queda atrapado. Si habla con uno, el otro lo acusa. Si no paga, lo señalan. La gente vive con miedo", cuenta un dirigente comunitario.

El diagnóstico de la Gobernación es claro: el Magdalena enfrenta una transformación crítica de su mapa de seguridad, donde el poder armado no solo controla economías ilegales sino que avanza hacia la interferencia en decisiones democráticas. La advertencia ya está en manos del Gobierno Nacional. Ahora queda ver si las medidas que se adopten serán efectivas para retomar un territorio que, de momento, parece más gobernado por armas que por instituciones.