La noticia que nadie quisiera escuchar es cada vez más real: el Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, prácticamente se ha duplicado en tamaño durante los últimos tres años. Según un informe divulgado este lunes por la Fundación Ideas para la Paz, la banda que también responde por el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia creció un 140 por ciento en sus filas entre 2022 y 2025, llegando a casi 10.000 miembros.

Los números que presenta la FIP son contundentes: en la actualidad, el grupo cuenta con 9.840 integrantes en todo el territorio nacional. De estos, 3.328 son combatientes armados mientras que 6.512 conforman redes de apoyo que sostienen la operación de la organización. Pero el problema va más allá de las cabezas que suman en sus filas. El Clan del Golfo amplió dramáticamente su alcance geográfico, pasando de controlar o tener influencia en 145 municipios distribuidos en 13 departamentos en 2022 a 296 municipios en 17 departamentos en 2025. Esto representa un crecimiento territorial del 104 por ciento.

Según el informe, este fortalecimiento sostenido que desafía los operativos militares en su contra tiene varias explicaciones. La FIP identifica una alta capacidad de reclutamiento del grupo, fuentes de financiación diversificadas que le permiten mantener operaciones en múltiples frentes, y una estructura organizativa flexible que se adapta rápidamente a los cambios. Todo esto ha permitido al EGC consolidarse como el principal actor armado ilegal del país, funcionando casi como lo que el informe llama un "holding" criminal con control territorial y finanzas de largo alcance.

Mientras el grupo sigue expandiéndose, el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene una apuesta arriesgada: negociar su sometimiento a la justicia. Las conversaciones comenzaron en septiembre de 2025 en Doha y acaban de retomarse después de una suspensión temporal que el Clan del Golfo decretó a finales de febrero. En ese momento, la organización denunció lo que consideraba incumplimientos del Ejecutivo, particularmente relacionados con órdenes de captura contra sus máximos jefes.

Hace apenas unos días, el Gobierno y el EGC anunciaron en un comunicado conjunto que el proceso "continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos" y señalaron que el 9 de febrero lograron retomar formalmente las conversaciones. El diálogo tiene el respaldo de países como Catar, España, Noruega y Suiza, además de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Iglesia católica, un acompañamiento internacional que refleja la complejidad y la apuesta política que representa esta negociación.

La paradoja es inquietante: mientras Colombia intenta dialogar con el grupo para desmantelar su estructura criminal, el Clan del Golfo continúa fortaleciendo su presencia en el territorio nacional. El éxito o el fracaso de estos diálogos podría determinar el futuro de la seguridad en el país durante los próximos años.