Mediante un comunicado fechado el 30 de junio, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo, hizo pública una decisión que sorprendió a comerciantes y autoridades: congelaría el cobro de extorsiones durante tres meses en múltiples municipios del país. Según el documento emitido por el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez de esa organización, la medida comenzará a regir desde el 10 de julio y se extenderá hasta el 10 de octubre del mismo año, aplicando exclusivamente al comercio legal urbano en las zonas donde tienen presencia.

La suspensión afectará a decenas de municipios distribuidos en tres departamentos estratégicos del noroccidente. En Antioquia, la medida cobija localidades del Bajo Cauca, Norte y Nordeste como Valdivia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Don Matías, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Vegachí, Yalí, Yolombó, Cisneros, Amalfi, Maceo, Remedios, Segovia y Anorí. En Córdoba incluye la capital departamental Montería, además de Puerto Libertador, Montelíbano, Uré, Planeta Rica, Tierra Alta, Tuchín, San Pelayo y otros municipios. Sucre también verá beneficiados municipios de La Mojana y el San Jorge como Caimito, San Benito Abad, Ayapel, La Apartada y Nechí, entre otros.

El grupo armado calificó el anuncio como un "gesto de buena voluntad" dirigido específicamente al presidente electo Abelardo Gabriel De La Espriella Otero y al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara. En el comunicado también reconocieron públicamente a los países que han actuado como mediadores internacionales en los diálogos de paz: España, Noruega, Suiza y Qatar, además de delegados de la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia.

Con esta decisión, el EGC reafirmó su disposición de avanzar hacia una "salida negociada al conflicto" e hizo una invitación formal al gobierno entrante para que designe observadores internacionales que constaten los avances en los espacios de conversación.

Hasta el momento, el gobierno entrante y las autoridades militares regionales no se han pronunciado oficialmente sobre la autenticidad del panfleto ni sobre las implicaciones que esta medida podría traer para la seguridad de los comerciantes en estas regiones.