La Corte Suprema sentenció al senador Ciro Ramírez a 23 años y 3 meses de cárcel por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en celebración de contratos. Los jueces determinaron que Ramírez lideró un "entramado criminal con vocación de permanencia" cuyo propósito era canalizar dineros del Departamento para la Prosperidad Social a través de la empresa Proyecta Quindío, beneficiando a una organización encabezada por el entonces senador Mario Castaño, quien murió en prisión el 18 de noviembre de 2023 cumpliendo una condena de 11 años y 8 meses por el mismo caso.

El senador respondió con un comunicado en su cuenta de X donde expresó su rechazo a la condena. Afirmó que "Veintitrés años porque gestioné un convenio y, supuestamente, tuve un interés económico y político. Necesitaron cuatrocientas treinta y ocho páginas para demostrar que yo había hecho eso. Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza que yo haya cometido esos delitos. Primero, no lo gestioné, y aquí lo dice el testigo, ante la corte suprema. No tuvo interés económico, lo dice el testigo, y lo ratificó el magistrado de la corte suprema". Ramírez aseguró que apelará "confiando plenamente en la majestuosidad de la justicia, en que lograremos una sentencia absolutoria, plena".

La investigación se edificó sobre pruebas sólidas que incluyeron principalmente conversaciones de WhatsApp entre Alejandro Noreña Castro, asesor de Castaño, y Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío. Un chat del 10 de noviembre de 2021 fue particularmente revelador: Noreña le escribió a Ramírez "Dígale mentiras a Pablo [Herrera]... que usted fue el que salvó Quindío", refiriéndose a gestiones ante el DPS. Otro mensaje en enero de 2022 fue aún más directo: "Los proyectos son de Ciro Alejandro", demostrando que consideraban la bolsa contractual como patrimonio personal del senador.

Las pruebas también incluyeron registros de entrada al DPS que confirmaron reuniones entre los implicados, testimonios de Katherine Rivera (asistente de Ramírez y procesada en el caso), inspecciones judiciales a Proyecta, visitadas a La Picota y evidencia fotográfica de eventos políticos. Un aspecto innovador de la sentencia fue probar cohecho no con dinero en efectivo sino con réditos políticos. Los votos para Ramírez se multiplicaron dramáticamente en 2022 respecto a 2018: aumentaron 1.876 por ciento en Quindío, 221 por ciento en Santander y 200 por ciento en Caldas.

El acuerdo criminal comenzó a gestarse el 6 de julio de 2021 en el Club Manizales, donde pactaron apoyo político a cambio de beneficios en contratación. La estructura operó mediante el Convenio Interadministrativo 670 de 2021 por un valor de 48.660 millones de pesos, que canalizó al menos 13 contratos de obra hacia contratistas previamente escogidos. El esquema tenía niveles claramente definidos: Ramírez en lo directivo, Katherine Rivera en lo operativo dentro de su unidad legislativa, Pierre García (subdirector del DPS) como enlace técnico, Pablo Herrera ejecutando desde Proyecta Quindío, y Anderson González junto a la familia Cardozo como contratistas beneficiarios.

La Corte comprobó que se utilizó deliberadamente la naturaleza jurídica de Proyecta como Empresa Industrial y Comercial del Estado para realizar invitaciones cerradas y evadir la contratación pública. Un patrón sistemático se repitió: solo un oferente cumplía requisitos mientras los otros dos presentaban propuestas incompletas intencionalmente, asegurando adjudicaciones predeterminadas. Aunque la acusación lo catalogaba como determinador, la sentencia lo condenó como interviniente, reconociendo que sin autoridad formal ejercía "dominio material y decisivo" sobre el proceso.

Ramírez tiene antecedentes familiares que han pesado en su caso: es hijo de Ciro Ramírez Pinzón, condenado en 2011 por vínculos con grupos paramilitares durante el escándalo de la parapolítica. En mayo de 2025, el ahora congresista electo Daniel Briceño, quien era concejal de Bogotá, manifestó públicamente que Ramírez no debería regresar al Congreso, argumentando que debía enfrentar su proceso judicial fuera de cualquier cargo público.