La maquinaria disciplinaria se ha puesto en movimiento contra funcionarios del gobierno que han participado activamente en la contienda electoral. Ya son cinco los altos cargos de la administración Petro que han sido suspendidos o enfrentan investigaciones por presunta participación indebida en política, lo que plantea preguntas sobre los límites que deben respetar los servidores públicos cuando se mete de lleno en campañas electorales.

Contra el presidente Gustavo Petro mismo pesan procesos abiertos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, jurisdicción que no corresponde a la Procuraduría. Pero en cuanto a los funcionarios, la Procuraduría ha avanzado con decisiones disciplinarias contra la embajadora en Haití Vilma Velásquez, y hace poco, el 2 de junio, suspendió tanto al embajador en Brasil Alfredo Saade como al director de la UNGRD Carlos Carrillo. Fuera del gobierno, también suspendieron a la alcaldesa de El Paujil en Caquetá por portar un poncho a favor de Iván Cepeda el día de los comicios.

Las suspensiones ocurren en un momento en que el presidente se ha lanzado sin freno a apoyar candidatos en la segunda vuelta presidencial. "Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente", expresó Petro en un mensaje que publicó proponiendo que se tomen "propias decisiones" para que gane Iván Cepeda. Este nivel de participación supera incluso el que tuvo en la primera vuelta electoral.

Alfredo Saade, el embajador suspendido, fue más lejos: pidió públicamente que tanto el ministro del Interior Armando Benedetti como el mismo presidente renunciaran. "El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo", le dijo a Petro, mientras que al ministro le escribió "él sabe para qué" junto a "victoria o muerte". La Procuraduría identificó estos mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) como evidencia de lo que consideró "presunta indebida participación en política al generar su apoyo en favor de una campaña política". La suspensión se mantiene como provisional mientras continúa la investigación.

Carlos Carrillo, por su lado, no se quedó callado. El director de la UNGRD argumentó que comprende las preocupaciones del presidente ante lo que él considera un proyecto "abiertamente fascista". "Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente", manifestó Carrillo. Sin embargo, reconoció que "hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación 'debida' en política", dejando entrever una tensión entre la lealtad política y el respeto a las normas disciplinarias que rigen el actuar de los servidores públicos.