En Medellín se cerró un capítulo de ilegalidad y riesgo para la salud. Un juez condenó a cinco mujeres que funcionaban como una red dedicada a hacer procedimientos estéticos sin ninguna autorización ni cumplimiento de normas sanitarias. Las condenadas aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía General de la Nación por el daño causado a decenas de pacientes que cayeron en sus manos.

La operación funcionaba de manera coordinada entre abril de 2023 y mayo de 2024. Yarleny Mosquera Aguirre, Elizabeth Rojas Tobón, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo contactaban principalmente a través de redes sociales a mujeres interesadas en un procedimiento llamado lipólisis láser con transferencia glútea. Luego las atendían en viviendas que adaptaban como salas de cirugía, pero sin cumplir ninguna de las condiciones básicas de higiene o seguridad que exige este tipo de intervención.

Los números que dejó esta red son preocupantes. La Fiscalía estableció que 55 mujeres se sometieron a estas cirugías. De esas, más de 40 contrajeron una bacteria no tuberculosa que les provocó deformidades físicas y limitaciones funcionales que quedaron de por vida. Los daños no fueron accidentes, sino consecuencia directa de la falta de esterilización y protocolos médicos.

Cada una de las condenadas tenía un rol específico en esta operación delictiva. Mosquera Aguirre era quien realizaba las cirugías, aunque no tenía título profesional ni ninguna certificación en salud. Se hacía pasar por médica con total descaro. Rojas Tobón captaba a las pacientes y recibía los dineros que pagaban por las intervenciones. Las otras tres apoyaban en todo: administraban medicamentos, aplicaban anestesia local y hacían el seguimiento después de las cirugías.

En la sentencia de primera instancia, las cinco fueron condenadas por concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa. Las penas oscilan entre 83 y 88 meses de prisión, dependiendo de su grado de responsabilidad en cada caso. Sin embargo, Yarleny Mosquera Aguirre continuará en el proceso por un cargo adicional de concierto para delinquir agravado, que ella no aceptó. La puerta queda abierta para apelaciones, así que esta decisión aún puede cambiar en instancias superiores.