La Nueva EPS enfrenta otra goliza judicial. El Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá impuso una sanción contundente contra Jorge Iván Ospina Gómez, el interventor designado por la Superintendencia de Salud, por incumplir una orden de la justicia que ordenaba devolver dinero a una paciente que la empresa dejó en la estacada.

El caso tiene rostro: se llama Luz Mila Ferreira. Esta ciudadana necesitaba un "stent redireccionador de flujo", un dispositivo médico especializado para su salud, pero la Nueva EPS se negó a suministrárselo. Cansada de esperar, ella misma pagó los 62 millones 835 mil pesos de su propio bolsillo. Después interpuso una tutela, ese mecanismo que existe en Colombia cuando los derechos fundamentales están siendo pisoteados. El juez le dio la razón en diciembre de 2025 y ordenó que la aseguradora le devolviera la plata en 72 horas. Simple y llanamente, la Nueva EPS hizo oídos sordos durante más de cuatro meses.

Por eso la jueza Catalina Piedrahita Gutiérrez no se guardó nada. Sentenció a Ospina a pasar cinco días en la cárcel y a pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales. Además, le ordenó cumplir ya con el reembolso a la paciente. El fallo fue claro: aunque Ospina fue designado después de que se dictó la orden inicial, él adquirió la responsabilidad de todos los procesos pendientes de la entidad. El juzgado no compró excusas y calificó la conducta de la aseguradora como intencional, "falta de voluntad" de cumplir con la ley.

La cosa no para ahí. El Juzgado solicitó a la Superintendencia de Salud que abra un proceso sancionatorio adicional contra la Nueva EPS por este incumplimiento sistemático. El caso seguirá su curso en el Tribunal Superior de Bogotá para que revise las sanciones impuestas.