Cielo Rusinque dejó oficialmente su cargo como superintendente de Industria y Comercio después de que el Gobierno aceptara su renuncia. La decisión llega días después de que el Consejo de Estado de Colombia anulara su nombramiento, argumentando que ella no cumplía con las condiciones legales exigidas para ocupar ese puesto. Con esta salida se cierra un capítulo que ha generado debate sobre cuáles deben ser los requisitos para las personas que dirigen entidades estatales importantes.

Rusinque ha rechazado de manera contundente el fallo en su contra. La exsuperintendenta cuestionó lo que llamó un "desbordamiento normativo" en la argumentación del Consejo de Estado, insistiendo en que la legalidad de su nombramiento nunca fue debidamente desvirtuada. Particularmente, criticó cómo se evaluaron sus estudios realizados en París y señaló que "tan débil fue el análisis del Consejo de Estado que el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil decidió salvar su voto". También defendió sus credenciales académicas, recordando que según la normativa vigente hay un plazo de dos años para convalidar títulos de posgrado obtenidos en el exterior.

En su lugar, el Gobierno designó a Diego Solano como superintendente encargado. Solano se desempeñaba como jefe de asesores de la SIC y era considerado muy cercano a Rusinque dentro de la entidad. Su nombramiento busca mantener la continuidad administrativa mientras se define quién asumirá el cargo de manera permanente.

Lo que preocupa a varios analistas es el contexto en que ocurre esta salida. El Gobierno expidió recientemente el Decreto 226 de 2026 modificando las condiciones para designar superintendentes. Los cambios incluyen reducir los años de experiencia exigidos, flexibilizar los requisitos académicos y eliminar la obligatoriedad de hacer una convocatoria pública previa. Expertos advierten que esta flexibilización podría afectar los estándares de selección y chocar con los criterios adoptados por Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, comprometiendo la transparencia y meritocracia en la designación de altos funcionarios públicos.