Una vuelta al poder que genera interrogantes. Cielo Rusinque vuelve a ocupar el sillón de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el Decreto 0361 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra Diana Marcela Morales. Lo inusual del asunto es que hace poco el Consejo de Estado había tumbado su anterior nombramiento, y el gobierno simplemente no lo menciona en el nuevo documento.

Los magistrados del Consejo de Estado determinaron hace dos semanas que Rusinque no reunía los requisitos legales para dirigir la entidad que vigila a las empresas y protege los derechos de los consumidores. Específicamente, señalaron que le faltaba maestría o doctorado en áreas relacionadas con su cargo, y que no tenía más de diez años de experiencia en funciones similares. Pero en el decreto de reintegración no hay ni una línea que reconozca esta decisión judicial.

El gobierno justifica su actuación argumentando que existe una vacancia porque Rusinque presentó renuncia el 25 de marzo, y que esto le permite nombrarla nuevamente sin violar la Ley de Garantías. Esta ley, vigente en estos meses previos a elecciones, prohibe hacer nuevas vinculaciones a la nómina estatal, pero según la interpretación del Ejecutivo, no aplica cuando se llena un puesto que quedó vacío por renuncia. Con este mismo decreto, además, sacaron del cargo a Diego Andrés Solano, quien había quedado como encargado de la Superintendencia tras la salida de Rusinque.

Lo que llama la atención es que todo esto ya se veía venir. Hace poco más de una semana el Dapre, el Departamento Administrativo de la Presidencia, modificó los requisitos para aspirar a ser superintendente de Industria y Comercio, quitándole exigencias que Rusinque no cumplía. Además, su hoja de vida ya estaba circulando en el sistema de aspirantes presidenciales desde antes.

En el gobierno Petro, Rusinque ha tenido una carrera de ascensos rápidos. Comenzó como asesora en la campaña presidencial, pasó a dirigir el Departamento de Prosperidad Social y de ahí brincó a la Superintendencia. Ahora regresa a ese mismo cargo, esta vez con menos obstáculos legales en el camino, aunque con muchas preguntas en el aire sobre cómo el gobierno evita los fallos de la justicia administrativa.