La Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó una nueva voz de alerta sobre las próximas elecciones presidenciales colombianas de mayo. En su informe anual de 2025, presentado esta semana, el organismo internacional pidió al país garantizar "entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia" y frenó el avance de grupos armados ilegales y criminales que, según denunció, "expandieron sus ataques" hacia más territorios.

El informe señala que persisten desafíos estructurales ligados a la violencia en Colombia, como el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado en la cabeza el 11 de agosto de 2025 durante un mitin en Bogotá, y los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016. Según la CIDH, "Estas situaciones continúan afectando la consolidación institucional, la garantía de derechos y las condiciones necesarias para la participación democrática plena. La persistencia de actores armados no estatales y de economías ilícitas dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios esenciales".

Aunque el Gobierno presentó planes de seguridad para el proceso electoral, la Comisión documentó un panorama desgarrador: asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, y una escalada de violencia que ha desplazado forzadamente a más de 60.000 personas en zonas como el Catatumbo, además del confinamiento de 12.000 personas de 23 comunidades indígenas de los pueblos barí y yukpa.

Las cifras de impunidad son preocupantes. Entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos contra defensores de derechos humanos, de los cuales 1.322 siguen en investigación. De esos, 793 no han tenido avances significativos, apenas 217 tienen sentencia condenatoria, y solo en 20 casos hubo sanciones contra los autores intelectuales.

La violencia también golpea desproporcionadamente a poblaciones vulnerables. Entre enero y agosto de 2025, más de 22.600 personas de comunidades étnicas fueron desplazadas forzadamente. En departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, fueron asesinados más de 50 jóvenes afro durante el primer trimestre de 2025. Con relación a las mujeres, la CIDH advirtió que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 casos en grado de tentativa.

Pese a algunos avances en el reconocimiento normativo de derechos indígenas a través de decretos orientados a la educación y reparación integral, la CIDH insiste en que los desafíos siguen siendo enormes, particularmente en territorios donde economías ilícitas y el conflicto armado imponen su ley. Los próximos meses serán decisivos para que Colombia demuestre que puede garantizar un proceso electoral donde todos los colombianos puedan participar sin miedo.