La Comisión Interamericana de Derechos Humanos prendió las luces de alerta sobre lo que está pasando con el periodismo en Colombia. En su informe anual 2025, el organismo de derechos humanos documenta un panorama cada vez más oscuro: violencia sistemática, amenazas constantes y restricciones que están sofocando el trabajo informativo, sobre todo en municipios donde aún respiran los conflictos armados.

Las cifras son para preocuparse. El informe revela que un 24 por ciento de los medios en 34 municipios recibió amenazas para que dejaran de informar, mientras que el 35 por ciento simplemente decidió no publicar información por miedo a las represalias. Así es como funciona la censura en los territorios: los periodistas callados no necesitan cadenas. Los grupos armados y las redes criminales se encargan de presionar, y la autocensura se convierte en la norma.

Los asesinatos son quizás lo más grave. El informe menciona el caso del periodista Óscar Gómez Agudelo, asesinado en Armenia en enero de 2024 mientras se dirigía a su programa radial. Un ataque así deja cicatrices en todo el gremio. A esto se suman los homicidios de Diomedes Farid Manrique en La Guajira y de María Victoria Correa Ramírez en Antioquia durante 2025. Aunque en algunos casos hay avances en las investigaciones, la CIDH advierte que aún no se ha determinado con claridad si estos crímenes están directamente ligados a su trabajo como periodistas.

Las amenazas no solo llegan por teléfono o en la calle. Llegan por WhatsApp, por Telegram, por redes sociales. Ese fue el caso de Edward Fabián Álvarez Rivera, quien recibió amenazas de muerte presuntamente de un integrante del Ejército de Liberación Nacional. El comunicador tuvo que abandonar el Urabá antioqueño. Así es como la violencia digital se traduce en desplazamiento real.

Pero la presión no solo viene de los criminales. La CIDH también señala con preocupación los discursos de funcionarios públicos que deslegitiman la prensa. El organismo menciona declaraciones del presidente Gustavo Petro que ha llamado a medios y periodistas "mentirosos" o "desinformadores" en distintas ocasiones. Cuando una autoridad habla así, genera un ambiente donde la hostilidad hacia la prensa parece aceptable, y eso abre puertas a actos de censura o represalias.

Hay otro mecanismo menos evidente pero igual de peligroso: los procesos judicales contra periodistas que investigan asuntos públicos. La CIDH menciona los casos de Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, quienes denunciaron presiones tras publicar investigaciones sobre presunta corrupción. Cuando los juzgados se convierten en herramientas de intimidación, la censura deja de ser directa pero sigue siendo efectiva.

Las mujeres periodistas están en una situación aún más vulnerable. El informe advierte que enfrentan violencia de género específica, especialmente en redes sociales, con agresiones diseñadas para silenciarlas y sacarlas del debate público. La CIDH concluye que esta violencia contra la prensa no solo afecta a los comunicadores: compromete el derecho de toda la sociedad a estar informada. Por eso hace un llamado urgente al Estado para reforzar la protección, investigar estos hechos y garantizar las condiciones para que el periodismo pueda funcionar sin temor.