Un nuevo informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en evidencia la crisis que enfrenta la libertad de prensa en Colombia. Mientras desde el Gobierno tacha a los periodistas de medios privados como "desinformadores" movidos por intereses económicos, en las emisoras públicas han colocado a influenciadores digitales como expertos en temas políticos y económicos. El panorama que dibuja la CIDH es el de un ambiente informativo donde prima la autocensura y faltan garantías de transparencia.

Las preocupaciones sobre RTVC son particularmente graves. Según el informe, "la Relatoría Especial recibió reportes sobre presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores, así como sobre salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas, lo que, podría afectar el pluralismo informativo". Hay denuncias de periodistas que fueron apartados de sus cargos después de expresar opiniones contrarias al Gobierno. Ana María Mesa Villegas, quien trabajó casi doce años en Radio Nacional, cuenta que no renovaron su contrato en Radiónica luego de pronunciarse públicamente en contra de declaraciones del presidente. En otro caso documentado por EL COLOMBIANO, Cielo Esperanza Reyes Téllez denunció hostigamiento de sus jefes mientras cubría temas periodísticos. Uno de ellos le dijo: "siento un odio por usted y no sé por qué".

La CIDH también señala una escalada en los discursos que deslegitiman a la prensa. El presidente Gustavo Petro ha calificado a medios y periodistas con términos como "desinformadores", "mentirosos", "criminales" y "vagabundos". En agosto de 2025, por ejemplo, calificó como "periodismo vagabundo" un reportaje de Caracol Radio que revelaba chats sobre comportamientos del mandatario. La organización advierte que este lenguaje tiene un "efecto inhibidor" sobre el trabajo periodístico y deteriora el debate público.

Las mujeres periodistas cargan con una violencia adicional. La CIDH documenta agresiones con componentes de género dirigidas a silenciar sus voces. El caso de Diana Saray Giraldo es emblemático: el presidente la llamó "criminal" el 29 de julio de 2025 y meses después volvió a referirse a ella como "destructora de personas". También la congresista Sandra Ramírez del Partido Comunes la atacó cuando Giraldo publicó una noticia sobre una visita de la legisladora a Venezuela, calificando sus afirmaciones como "irresponsables, tendenciosas y peligrosas". Según la CIDH, estos ataques "habrían desatado ataques hostiles y misóginos" contra la periodista.

No se trata solo de discursos. En territorios donde operan grupos armados, los comunicadores enfrentan amenazas reales a su seguridad. La CIDH registró ataques contra Óscar Gómez Agudelo en Armenia y Edward Fabián Álvarez Rivera en Antioquia. Pero lo más grave son los asesinatos: Diomedes Farid Manrique, locutor en Maicao, La Guajira, y María Victoria Correa Ramírez en Envigado, Antioquia. Los grupos armados actúan para "silenciar a la prensa e impedir que la sociedad sea informada sobre acontecimientos de interés público", lo que exige mayor acción tanto del Gobierno como de la Fiscalía.