La Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe que deja pocas dudas: el ambiente para ejercer periodismo en Colombia se ha vuelto hostil y lleno de riesgos. Mientras el oficialismo descalifica a los periodistas de medios privados como "desinformadores" que defienden "intereses económicos", en los medios públicos aparecen influencers sin experticia como voces autorizadas en temas económicos y políticos. El resultado, según la CIDH, es un entorno marcado por la autocensura y la falta de transparencia.

El presidente Gustavo Petro ha sido protagonista de este deterioro, según el informe. La CIDH documenta que "Principalmente el Presidente de la República, ha calificado a ciertos medios y periodistas como "desinformadores", "mentirosos", "criminales", "vagabundos", "cooptados", "de oposición" u "oligárquicos", entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias". Este tipo de lenguaje no solo envenena el debate público, sino que genera miedo entre quienes cubren temas sensibles. Los riesgos para los periodistas aumentan cuando los funcionarios públicos los atacan de esta forma.

La situación en RTVC, el sistema de medios públicos, preocupa particularmente a la Corte. Según el informe, "La Relatoría Especial recibió reportes sobre presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores, así como sobre salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas, lo que, podría afectar el pluralismo informativo". También hay cuestionamientos a declaraciones del director Hollman Morris que, según denuncias, han contribuido a desacreditar a otros medios y comunicadores.

Las mujeres periodistas cargan con el peso adicional. Enfrentan agresiones en redes sociales con componentes de violencia de género diseñados para silenciarlas y apartarlas del debate público. Es un ataque doble: por ser periodistas y por ser mujeres. En las regiones donde operan grupos armados, la situación se agudiza aún más. Los comunicadores allá no solo arriesgan su seguridad, sino que además las restricciones para acceder a información limitan el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Para la CIDH, todo esto suma una amenaza seria a la democracia colombiana. El pluralismo informativo se erosiona cuando hay presiones, estigmatización y condiciones de seguridad adversas. Sin voces diversas y sin periodistas que puedan trabajar sin miedo, el país pierde la capacidad de tener conversaciones públicas de verdad.