La negociación entre el Gobierno y el Clan del Golfo está en su momento más delicado. Lo que parecía ser un acuerdo para trasladar a cabecillas de la estructura armada a Zonas de Ubicación Temporal se convirtió en un pulso institucional entre tres poderes del Estado que dicen tener la razón.

Todo comenzó cuando el Ejecutivo solicitó la suspensión automática de 29 órdenes de captura contra líderes del grupo, incluyendo a alias Chiquito Malo, quien tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos. El plan era que estos individuos entraran a las ZUT a partir del 25 de junio. Pero la fiscal general Luz Adriana Camargo dijo que no de manera categórica.

Camargo respondió con un documento que hizo clara su posición: no va a suspender las capturas así porque sí. Su despacho anunció que hará verificaciones individuales de cada solicitado, revisando identidad, situación jurídica y pertenencia real al grupo. "Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia", señaló el ente acusador. Además, la Fiscalía puso condiciones concretas: necesita ver la desarticulación de estructuras armadas, el fin de violaciones contra civiles, la entrega de menores reclutados forzosamente, la ubicación de desaparecidos y la entrega de armas. El Clan del Golfo, según la Fiscalía, no cumple estos requisitos.

El presidente Petro reaccionó en redes sociales rechazando que la Fiscalía tuviera la última palabra. Defendió su facultad constitucional como jefe de Estado para determinar cuándo un proceso de paz avanza a fase avanzada. Aclaró que no ha suspendido la extradición de Chiquito Malo y ordenó rehacer el listado de cerca de 400 integrantes que irían a las ZUT en Córdoba, excluyendo a los solicitados en extradición. Según Petro, ese beneficio solo se evaluará "en etapas posteriores y condicionado al cumplimiento integral de los acuerdos".

Pero mientras Petro publicaba su respuesta, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, escaló la tensión. Patiño sostuvo que la suspensión de capturas opera automáticamente por mandato de la Ley 2272 de 2022 durante el tiempo que los integrantes están en las ZUT. "Preocupa que ahora se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador", señaló Patiño. El comisionado también recordó que la fiscal Camargo, en enero pasado, "había reconocido que la suspensión de capturas operaba de pleno derecho y no por autorización del ente investigador".

Lo que quedó visible es una fractura profunda. De un lado está la Fiscalía exigiendo garantías concretas y respeto por los compromisos internacionales. Del otro, un Presidente que quiere avanzar en paz pero pone límites con los extraditables. Y en el medio, un comisionado reclamando que la ley se aplique tal como está escrita. Mientras estos tres niveles de poder juegan ajedrez institucional, la negociación sigue en el aire.