El parlamento chino acaba de formalizar una política controvertida: la Asamblea Popular Nacional aprobó una ley de "unidad étnica" que consolida el mandarín como idioma dominante en todo el país. Aunque el objetivo declarado es reforzar la cohesión social en medio de cambios sin precedentes, la medida ha encendido las alarmas entre defensores internacionales de derechos humanos.

China reconoce oficialmente 55 minorías étnicas que hablan cientos de lenguas y dialectos diferentes. Pero la nueva legislación, sin mencionarlas específicamente, establece que el mandarín debe ser la lengua principal de enseñanza en las instituciones educativas y exige que los adolescentes tengan "un conocimiento básico" del idioma al terminar la educación obligatoria. Yalkun Uluyol, investigador sobre China de Human Rights Watch, describe esto como una "desviación significativa" de políticas previas de la era de Deng Xiaoping que garantizaban a las minorías el derecho a usar sus propias lenguas. El cambio es particularmente preocupante para grupos como los uigures, población túrquica nativa de la región de Xinjiang, y los mongoles del norte del país.

Lo que más inquieta a los analistas es la intención de la ley. Erika Nguyen, de PEN America, advierte: "No es casualidad que la ley apunte a los espacios donde los niños tienen más probabilidades de encontrarse con su lengua materna... El objetivo es cortar los vínculos de los niños con su identidad, su historia y su cultura". Un informe reciente de PEN y del Southern Mongolian Human Rights Information Center reporta que más del 80 por ciento de los sitios web en lengua mongola ya han sido censurados o prohibidos en China.

Las consecuencias van más allá de la identidad cultural. Enghebatu Togochog, director del SMHRIC, señala que exigir fluidez en mandarín en la vida pública crea barreras económicas: "Económicamente, margina a los mongoles, ya que la fluidez en chino se convierte en un filtro para acceder a empleos y oportunidades de ascenso". En otras palabras, quien no domine el mandarín quedará excluido del mercado laboral.

Otro aspecto inquietante es que la ley criminaliza lo que denomina "actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades religiosas extremistas", términos lo suficientemente amplios como para usarse contra disidentes. Además, aunque busca fortalecer lazos con comunidades chinas en el extranjero, también advierte que personas fuera de China que participen en actividades que "socaven la unidad étnica" o inciten al "separatismo étnico" podrían enfrentar responsabilidad legal. Esto significa que la ley potencialmente se aplicaría más allá de las fronteras chinas, un precedente que preocupa a la comunidad internacional.