En el Cesar hay movimiento en la maquinaria electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que designó un total de 19.618 testigos electorales para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. De esa cantidad, 16.524 son testigos principales y 3.094 corresponden a remanentes, es decir, suplentes listos para reemplazar a cualquiera que no pueda cumplir.

Estos nombramientos hacen parte del engranaje más grande de organización electoral que está en marcha en todo el país. A nivel nacional, la Registraduría seleccionó 850.871 jurados de votación, de los cuales 708.259 son principales y 142.612 remanentes. La escogencia no fue al azar de quien quisiera: se realizó mediante sorteos llevados a cabo entre el 4 y el 6 de mayo usando una plataforma digital de la entidad, con acompañamiento de organismos de control, organizaciones políticas, la Fuerza Pública y autoridades locales.

El perfil de quienes quedaron designados es variado. Del total de jurados en Colombia, 342.315 pertenecen a empresas privadas, 223.942 son estudiantes, 125.381 docentes, 123.536 funcionarios públicos y 35.697 simpatizantes de organizaciones políticas. Estas cifras dan cuenta de que se intentó convocar a una representación amplia de la sociedad. De hecho, un total de 2.372.773 ciudadanos fueron postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas para conformar este cuerpo de jurados.

Si usted fue seleccionado y quiere saberlo, la Registraduría pone a su disposición la aplicación móvil "aVotar" y su portal oficial. Allí también encontrará información sobre las jornadas de capacitación, que arrancaron el 11 de mayo en Bogotá y otras ciudades del país.

Ahora bien, ser jurado de votación no es opcional. Es obligatorio. Los servidores públicos que no cumplan pueden ser destituidos, mientras que los ciudadanos particulares se exponen a multas de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso sí, quienes presten el servicio tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado que podrá disfrutar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral.