La minera Cerrejón anunció la suspensión total de sus operaciones en La Guajira tras el bloqueo que lleva diez días en el kilómetro 3 de su línea férrea. La protesta fue iniciada por la Asociación de Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir el 23 de mayo, impidiendo que lleguen insumos esenciales como combustible y paralizando el transporte de carbón hacia el puerto, lo que detiene la actividad productiva de la mina.

Este es el panorama más crítico que enfrenta la empresa en lo que va del año. Cerrejón ha reportado 80 bloqueos durante 2024, aunque la mayoría de estos no están directamente relacionados con la empresa. Sin embargo, el actual es de tal magnitud que ha obligado a la compañía a tomar esta decisión drástica.

Con la suspensión de operaciones, la mayoría de los contratos de trabajo quedarán congelados, excepto los indispensables para mantener la seguridad y cuidado de las instalaciones, así como los controles ambientales obligatorios. Pero las consecuencias van mucho más allá de los turnos detenidos en la mina.

La parálisis amenaza directamente a más de doce mil empleados entre contratación directa e indirecta. Además, se cortaría el flujo de regalías que llegan al departamento, varios municipios y la Nación, recursos que financian proyectos sociales en la región. Para una zona como La Guajira, estos ingresos son vitales para el desarrollo.

Cerrejón insiste en su llamado al diálogo constructivo con quienes protestan y hace un llamado urgente a las autoridades para que acompañen la resolución de esta crisis. La empresa plantea que se necesita de la institucionalidad, los trabajadores y contratistas para encontrar un camino que beneficie a todos. El tiempo es crucial: mientras el bloqueo continúe, las afectaciones económicas y sociales de la región solo crecerán.