Indignación y dolor recorren el país tras la denuncia colectiva de un grupo de mujeres que buscaba incorporarse al Ejército Nacional en 2026. Lo que pudo haber sido un proceso de selección digno se convirtió, según sus relatos, en una experiencia traumática marcada por la humillación, la falta de protección institucional y agresiones contra su libertad sexual.

Los hechos ocurrieron el 14 y 15 de mayo en Popayán. Cerca de 70 aspirantes acudieron a los exámenes psicofísicos obligatorios como parte del proceso de incorporación. Tras pasar las pruebas iniciales, cada joven era llevada individualmente a un consultorio donde un médico general hombre las evaluaba. Según sus testimonios, después de hacer flexiones y sentadillas, el profesional realizaba contactos físicos directos en los senos y vientre sin explicar qué hacía ni pedir permiso.

El momento más angustioso llegaba cuando ordenaba bajar la ropa interior hasta las rodillas y adoptar una posición fetal mirando la pared. Una de las denunciantes describió lo ocurrido así: "desde esa ubicación, procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área con el fin de observar tanto la parte anterior como posterior, efectuando una apertura manual". Las mujeres coincidieron en que todo sucedió sin previo aviso, dejándolas avergonzadas, desesperadas y con la sensación de total vulnerabilidad ante un superior jerárquico.

Hay otro aspecto que agrava la situación: antes de entrar a los consultorios, una suboficial con rango de Cabo Tercero les advirtió abiertamente que quien no aceptara el procedimiento podía retirarse y perder su oportunidad de ingresar. Las aspirantes interpretaron esto como presión y coacción: "muchas aceptamos en silencio, no porque estuviéramos de acuerdo, sino por miedo, por presión y por el deseo de no quedar por fuera del proceso", expresó una de las denunciantes.

Ante la ola de críticas y la presión pública, el Ejército Nacional respondió con un comunicado oficial. La institución manifestó su "plena disposición" para cooperar de manera transparente con la Fiscalía General de la Nación en la investigación. También argumentó que los exámenes de aptitud psicofísica son técnicos y se rigen bajo la Directiva Permanente número 012400830242 de la Dirección General de Sanidad. El comando central enfatizó su rechazo categórico hacia cualquier comportamiento de sus funcionarios que viole los Derechos Humanos.

Ahora la Fiscalía tendrá la responsabilidad de determinar si estos procedimientos médicos rebasaron los límites legales y éticos, y si efectivamente violaron la dignidad humana de estas mujeres que solo buscaban servir a su país.