Una auditoría de la Superintendencia de Transporte sacudió el sistema de fotomultas en el país al descubrir problemas graves en la forma como se han operado las cámaras de fotodetección. La entidad abrió investigaciones contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades cometidas entre 2018 y 2024, lo que ha puesto en tela de juicio miles de comparendos impuestos a conductores colombianos.

El Ministerio de Transporte confirmó que la cifra es alarmante: cerca de 5,8 millones de comparendos podrían ser anulados porque no cumplen con los requisitos técnicos y legales necesarios. Además, unos 2 millones de multas que ya fueron pagadas tendrían que ser devueltas a los conductores que las cancelaron. Las fallas encontradas están relacionadas con problemas en la validación técnica de las cámaras y errores en los procedimientos usados para imponer las sanciones. Cali lidera la lista de ciudades bajo revisión, seguida por Medellín, Bogotá y otros municipios del territorio nacional.

Para los conductores que aún tienen comparendos sin pagar, la noticia es más directa: esas multas serán eliminadas automáticamente del sistema. Pero quienes ya cancelaron sus infracciones deben esperar un poco más. Tendrán que acercarse al organismo de tránsito correspondiente y iniciar un trámite para solicitar la devolución del dinero. Las autoridades piden tener a mano el comprobante de pago, una copia del comparendo, la cédula y los soportes descargados del Simit (sistema de información de multas).

El Gobierno advirtió que este proceso no será rápido. Las devoluciones podrían tardar porque el dinero de estas multas fue recaudado por las alcaldías y secretarías de movilidad, no por el Gobierno nacional. Esto significa que los recursos están distribuidos en diferentes tesorería municipales, lo que complica las restituciones.

Aunque ha generado expectativa entre miles de conductores, la Superintendencia aclaró que las cámaras de fotodetección seguirán funcionando como herramientas de seguridad vial. Sin embargo, enfatizó que su operación debe ajustarse "estrictamente a la normatividad vigente para evitar sanciones irregulares y garantizar transparencia en los procesos".