El próximo presidente de Colombia heredará un sistema de salud en aguas turbias. Los números lo dicen todo: las demandas ante jueces para proteger el derecho a la salud saltaron de 197.737 en 2023 a 312.567 en 2025. Mientras tanto, los reclamos por falta de medicamentos se dispararon de 318.549 a 547.992 entre 2024 y 2025, un aumento de casi tres cuartos. La Corte Constitucional ya tuvo que abrir un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo por no cumplir las órdenes sobre financiamiento del sistema. Detrás de estas cifras hay historias de personas reales que sufren: menores como Kevin Acosta, Juan Manuel Villamil y Valentina Reyes, o adultos como Zulay Vinazco y Maritza Ramírez, que ejemplifican la tragedia que vive diariamente quien no puede acceder a un tratamiento o medicamento que necesita urgentemente.

Iván Cepeda ve el problema con lentes petristas. Según su diagnóstico, el sistema creado por la Ley 100 de 1993 ha fracasado en proteger el derecho fundamental a la salud por culpa de lo que llama "captura de recursos por intereses privados" y "intermediación excesiva". Sostiene que la "corrupción y la cartelización han favorecido intereses particulares sobre las necesidades de la población" y que esto ha generado barreras de acceso, demoras y desconfianza. Como respuesta, propone lo que denomina una "revolución ética" que reconozca la salud como un derecho garantizado por el Estado y luche contra el "despilfarro". Aunque no busca eliminar las EPS, quiere que el Estado "recupere" su rectoría para reforzar el control sobre recursos y organización. Cepeda presenta como positiva la intervención de ocho EPS que hizo el gobierno Petro, viéndola como una medida "necesaria" para transformar el sistema. Su plan incluiría un sistema universal basado en la atención primaria con mayor red pública, más transparencia y financiamiento sostenible, además de un "estudio actuarial técnico" para establecer valores con base en evidencia.

Abelardo de la Espriella ve la película de manera completamente distinta. Para él, la crisis humanitaria es causada por el deterioro del sistema durante la era Petro, donde millones de pacientes enfrentan barreras para acceder a tratamientos y medicamentos oportunos. A su juicio, las intervenciones que el Gobierno hizo a las aseguradoras empeoraron la situación financiera y asistencial, especialmente en Nueva EPS. A diferencia de Cepeda, De la Espriella defiende que las EPS son pieza fundamental del sector y deben seguir existiendo, pero reorganizadas y con mayor solvencia. Dice explícitamente: "Las EPS tendrán futuro si son viables y cumplen su función de asegurar acceso y resultados; si no, se transforman o salen". Su propuesta incluye evaluar la viabilidad financiera de cada una, reestructurar las intervenidas, fusionar o absorber las que sean inviables, permitir capitalización privada o mixta en las "estratégicas" y exigir mayores requisitos de solvencia y vigilancia.

De la Espriella propone un plan de salvamento de 90 días con hasta 10 billones de pesos para recuperar tratamientos urgentes y garantizar acceso a medicamentos. También busca reestructurar aseguradoras, combatir la corrupción, fortalecer hospitales, cerrar brechas regionales, dignificar al personal sanitario y promover un modelo preventivo centrado en la familia.

Ambos candidatos reconocen que el sector necesita reformas profundas, más transparencia y mejor atención para los pacientes. Pero la brecha es notable: Cepeda culpa principalmente a las EPS y al sistema de 1993, mientras que De la Espriella culpa al Gobierno actual por las intervenciones que agravaron la situación. Uno busca fortalecer el Estado como rector central; el otro busca mantener la estructura actual pero hacerla más eficiente y responsable.

Lo cierto es que el sistema de salud colombiano, imperfecto como cualquiera, ha logrado en 33 años cosas que muchos países envidiarían: cobertura universal (ni siquiera Estados Unidos la tiene), reducir el gasto de bolsillo de las familias de 50 por ciento a menos del 15 por ciento, y pasar las necesidades no satisfechas de 33 por ciento a apenas 2 por ciento. También aumentó el gasto en salud como porcentaje del producto interno bruto de 6,2 por ciento a 8,2 por ciento y resistió una pandemia. La pregunta es cuál de estos dos líderes tiene la receta correcta para sacarlo de la crisis en que se encuentra.