A pocos días de las elecciones, la campaña de Iván Cepeda mantiene su estrategia de eventos multitudinarios, pero esta vez en medio de una disputa sobre si esas actividades respetan o no la normatividad electoral del país. Durante un análisis en La FM, la periodista Darcy Quinn planteó los interrogantes que ya han llegado a las puertas del Consejo Nacional Electoral.

La discusión no es menor. La norma electoral colombiana establece con claridad que las reuniones políticas deben realizarse en recintos cerrados, y prohíbe expresamente caravanas, manifestaciones y concentraciones en vías, plazas y espacios públicos. Pero aquí está el nudo: ¿qué pasa cuando un candidato usa un coliseo o una arena para convocar a miles de personas con entrada libre? Cepeda, según Quinn, ha publicado imágenes de actividades masivas en Córdoba, acompañadas de mensajes como "Agradezco a las coordinadoras y coordinadores municipales de nuestra campaña en Córdoba". Incluso se reprodujo un video donde el candidato dice: "Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente en primera".

Dentro del CNE hay preocupación genuina. Muchas personas ven estas actividades como un desafío directo a las instituciones electorales, especialmente porque ocurren cuando la campaña está en sus últimos días. Quinn menciona que situaciones similares están ocurriendo en otros lugares, como en Yopal, donde candidatos estarían realizando eventos en coliseos con acceso público. La polémica radica en que, aunque técnicamente el lugar sea privado, la entrada abierta al público hace que funcione como una manifestación masiva en los hechos.

El procurador recibió videos sobre estos eventos, pero según Quinn, el tema no es competencia de la Procuraduría sino del CNE. Y ahí está el problema: la entidad electoral aún no ha tomado una posición clara sobre si estas actividades violan o no la ley. Muchos consideran que algunos candidatos están actuando "por encima de la ley", y el silencio institucional no ayuda a resolver la incertidumbre. Quinn fue enfática al advertir que el CNE "no puede hacerse de la vista gorda" ante lo que está ocurriendo, y concluyó que hace falta una definición urgente sobre la naturaleza de estos eventos y su legalidad.