La campaña de Iván Cepeda está en el ojo del huracán por una cifra que no cierra. El candidato presume públicamente de haber liderado 106 actos multitudinarios que convocaron a más de medio millón de personas según sus propios cálculos. Pero hay un problema: en los documentos que presentó ante el Consejo Nacional Electoral, el renglón de gastos para eventos públicos está completamente en blanco.

El 8 de mayo, Cepeda se jactó en redes sociales de esta gira nacional de gran envergadura. Sin embargo, los reportes financieros que entregó al CNE cuentan una historia diferente. No aparece ni un peso destinado a la organización de esas concentraciones que él mismo describe como el eje de su estrategia popular. Esto genera una pregunta incómoda: si no se gastó nada en eventos, quién corrió con los costos de la logística, las tarimas, el sonido y toda la infraestructura que requieren estos actos.

Según el documento firmado por Antonio Javier Peñaloza, gerente de campaña, Cepeda recibió 15 mil millones de pesos únicamente a través de créditos bancarios con la cooperativa Confiar. Hasta ahora ha utilizado cerca de 1.931 millones distribuidos principalmente en propaganda electoral (1.405 millones en periódicos y material publicitario), logística y transporte (387 millones en tiquetes aéreos y desplazamientos por regiones como Valle, Bogotá y Antioquia) y gastos operativos (75 millones en honorarios y estrategias digitales).

Esta no es la primera vez que la campaña de Cepeda genera dudas sobre sus finanzas. En la consulta interna de 2025, se cuestionaron gastos de 964 millones, donde supuestamente aparecieron donaciones de empresas que el CNE y medios de comunicación consideraron sospechosas. Lo curioso es que Cepeda reportó algunos de estos aportes como créditos en la documentación oficial, pero en la plataforma Cuentas Claras del CNE aparecían catalogados como donaciones en especie.

Lo que distingue el modelo de financiación de Cepeda es que asegura no haber recibido donaciones de particulares, basándose únicamente en préstamos. Esto lo diferencia de otros aspirantes como Abelardo De la Espriella, quien reporta ingresos de 32 mil millones, o Paloma Valencia con 15 mil millones, ambos con estructuras financieras que mezclan créditos y donaciones.

Con el vacío contable sobre los eventos en plaza pública, veedurías ciudadanas y sectores políticos esperan una explicación clara. La pregunta es si estos actos fueron costeados por terceros sin reportar en la documentación oficial o si existe una omisión deliberada en las cuentas. Si se confirma alguna de estas posibilidades, podría abrir puerta a investigaciones por fraude procesal o falsedad en documentos públicos.