Después de meses de guardar silencio, Iván Cepeda reconoció que sí han ocurrido hechos de corrupción en la administración Gustavo Petro. El senador del Pacto Histórico, quien aspira a continuar con el proyecto petrista, hizo la admisión en un acto organizado por su campaña: "También hay que reconocerlo, se han presentado hechos de corrupción en este gobierno que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno". Sin embargo, su reconocimiento fue acompañado de una defensa decidida del modelo de gobierno actual, donde presentó una polarización de opciones electorales sin profundizar en responsabilidades concretas dentro de su propia coalición.

El contexto de estas declaraciones es pesado. El gobierno Petro enfrenta múltiples investigaciones que tocan diferentes niveles de la administración pública. Uno de los casos más graves es el escándalo de la UNGRD, donde se investiga un presunto entramado de corrupción relacionado con la compra de carrotanques para La Guajira y el manejo de contratos supuestamente utilizados para sobornar a congresistas. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ya están en la cárcel por estos hechos. Otro caso delicado involucra a Laura Sarabia, exjefa de gabinete presidencial, con denuncias sobre interceptaciones ilegales que escalaron desde asuntos privados a problemas institucionales. También hay investigaciones por presuntas filtraciones de información de inteligencia hacia disidencias de las Farc, que apuntaron a contactos con altos mandos militares.

Cepeda ha mantenido una estrategia de evitar comprometerse públicamente con estos temas. No se ha pronunciado sobre el escándalo de pasaportes, sobre la entrega de títulos falsos de la Fundación San José a funcionarios cercanos al presidente, ni sobre la mayoría de los casos que generan inquietud en el país. Incluso, ha declinado participar en debates presidenciales, una decisión que observadores atribuyen en parte a la necesidad de evadir preguntas directas sobre irregularidades de la administración que pretende continuar.

En el plano político también hay presión. El Consejo Nacional Electoral dictaminó que la campaña de Petro en 2022 hizo trampa: se pasó de los topes de gasto, ocultó miles de millones en cuentas y recibió dinero de fuentes prohibidas como sindicatos. El mismo organismo abrió investigación contra la campaña de Cepeda por las mismas razones. El candidato ha defendido la legalidad de ambas campañas y ha hablado de persecución política, proponiendo cerrar el CNE si llega a la presidencia.

Cepeda tampoco se ha pronunciado sobre tensiones institucionales internas, como las que rodean a Laura Sarabia y al ministro del Interior Armando Benedetti. Aunque según reportes ha decidido en privado no incluirlos en su eventual gobierno, a pesar de peticiones de Petro, públicamente mantiene la cautela. Cuando se le consultó sobre denuncias de violencia de género contra Hollman Morris, gerente de RTVC, respondió vagamente sobre la necesidad de atender denuncias pero rehusó adelantar acciones específicas.

La postura de Cepeda marca una diferencia notable: reconoce la existencia de problemas, pero se rehúsa a identificar a los responsables dentro de su propia administración. "En estas elecciones presidenciales, el pueblo colombiano está ante dos caminos que conducen a lugares y situaciones muy distintos cada uno. El primer camino es el de la extrema derecha que dirige Álvaro Uribe y que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción para Colombia. El otro camino, que no ha sido perfecto, representa el pacto histórico, la alianza por la vida y mi candidatura presidencial; es el camino que conduce al cambio social, a la igualdad, a la prosperidad, a la democracia y al futuro que se merece el pueblo colombiano". Esta narrativa, aunque admite imperfecciones, no va más allá en señalar a quiénes dentro de la administración actual se debe responsabilizar por los hechos que están siendo investigados.