A pocos días de que se defina quién será el próximo presidente, la campaña de Iván Cepeda se vio envuelta en polémica por la realización de varios encuentros de gran convocatoria. Estos actos han generado cuestionamientos sobre si vulneran las restricciones electorales que rige en Colombia durante la semana previa a los comicios. La ley es clara: desde siete días antes de las elecciones está prohibido realizar eventos de carácter proselitista en plazas públicas ni divulgar encuestas electorales. Pese a esto, han trascendido varios encuentros vinculados a la campaña del candidato continuista.

El conflicto se agudizó cuando circuló un video de uno de estos actos, donde el mismo Cepeda se dirigió al público para aclarar las críticas que han surgido. "Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo", dijo en el encuentro. Pero no paró ahí. El candidato también se refirió a instrucciones para la jornada electoral: "Y para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas".

Desde la campaña sostienen que se trata de reuniones privadas enfocadas en coordinación política. Sin embargo, analistas y sectores críticos advierten que la repetición de encuentros masivos durante los últimos días antes de las elecciones genera una tensión evidente con las normas electorales vigentes. En redes sociales, Cepeda compartió que el evento fue una reunión con sus coordinadores municipales en Córdoba, publicando: "AGRADEZCO A LAS COORDINADORAS Y LOS COORDINADORES MUNICIPALES DE NUESTRA CAMPAÑA EN CÓRDOBA".

Ante el creciente debate sobre la participación política de funcionarios del Gobierno, especialmente del presidente Gustavo Petro y sus ministros en temas electorales, el procurador general Gregorio Eljach salió al paso con una precisión legal. Explicó que las publicaciones que hacen los funcionarios desde sus cuentas personales en redes sociales no representan automáticamente una falta disciplinaria. Según la jurisprudencia, aclaró, existe una diferencia fundamental entre lo que se dice en ámbito privado y lo que se dice en ejercicio del cargo usando recursos del Estado.

"Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar", aseguró Eljach en Blu Radio. Con esta posición, el Ministerio Público deja abierta la interrogante sobre si estos actos de Cepeda se enmarcan en lo privado o en lo público, un debate que seguirá vigente mientras transcurran los últimos días antes de los comicios.