El senador Iván Cepeda ha generado una controversia política que trae a la memoria sus propias palabras de hace años. En 2022, cuando Rodolfo Hernández evitaba los debates presidenciales, Cepeda fue uno de los más críticos con esa decisión. El 2 de junio de ese año, el senador fue contundente: Hernández estaba "rehuyendo el debate" e "hasta lo imposible para evitarlo". Ahora, cuatro años después, Cepeda se encuentra en una situación similar que sus detractores no dejan pasar.

Los rechazos de Cepeda a debatir han sido notorios en las últimas semanas. Cuando fue invitado a un debate sobre energía organizado por Noticias Caracol, simplemente informó que no participaría. El director del noticiero, Juan Roberto Vargas, cuestionó públicamente estas ausencias. "Asistir no es un favor [...] es un deber con la ciudadanía y con Colombia", dijo en vivo, refiriéndose a candidatos que no asistían.

El senador explica su ausencia de una manera diferente a la de 2022. Cepeda ha señalado que no se opone a debatir, sino a ciertas condiciones. En sus explicaciones públicas, ha insistido en que está dispuesto a participar si hay reglas claras y se evitan los insultos. "No me voy a prestar a insultos [...] no me interesa ese lodazal en el que se ha convertido la política", ha expresado. Sus defensores ven en esto un intento de elevar el nivel de la discusión, mientras sus críticos lo interpretan como una evasión.

Los cuestionamientos vienen de distintos lados. La congresista Katherine Miranda ha dicho que no ir a los debates es una falta de respeto hacia los ciudadanos, pues les impide acceder a información sobre los programas de gobierno. El concejal bogotano Julián Uscátegui Pastrana fue más directo: publicó un video comparando las críticas que Cepeda hizo en 2022 con su comportamiento actual. Analistas como Hernán Tena también han destacado lo que consideran un cambio radical de postura.

La disputa llegó incluso a los juzgados. En abril de 2026 se presentó una acción de tutela para obligar a Cepeda a participar en al menos dos debates antes de la primera vuelta presidencial. Quienes presentaron la demanda argumentan que su ausencia genera una "asimetría de información" que afecta el derecho ciudadano a votar informado. Esto no es nuevo en el país: en 2022 se intentó lo mismo contra Hernández, aunque sin mayor impacto real.

La tensión de fondo es más amplia que Cepeda. La legislación colombiana no obliga plenamente a los candidatos a debatir, lo que deja la decisión en el terreno de la estrategia política. En 2022, tanto Hernández como el ahora presidente Gustavo Petro se ausentaron de varios debates en momentos clave. Petro, de hecho, en su momento advirtió que un candidato que rechaza debatir puede ser un riesgo para la democracia. Esas palabras hoy parecen volver como un espejo incómodo.

Con pocas semanas para las elecciones de 2026, la discusión permanece abierta sin solución clara. Mientras algunos sectores claman por hacer obligatorios los debates, otros defienden la libertad estratégica de los candidatos. Lo cierto es que estos espacios siguen siendo vitales para medir la salud democrática del país. Y el caso Cepeda, con su pasado evidente, demuestra que la memoria política y las críticas públicas juegan un papel determinante en el escenario electoral.