Lo que pretendía ser un reclamo formal frente a las autoridades deportivas se convirtió rápidamente en un bumerán político para Iván Cepeda. Después de la jornada electoral, el candidato dirigió sus críticas directamente a la Federación Colombiana de Fútbol, cuestionando que los seguidores de Abelardo de la Espriella hubieran acudido a votar vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Lo que no esperaba era que su pedido de intervención desatara una ola de rechazo ciudadano que lo dejó prácticamente solo frente a miles de colombianos.

A través de redes sociales, Cepeda etiquetó a la Federación para advertir que el uso masivo de la camiseta durante la campaña electoral constituía "un acto claramente oportunista". En su mensaje señaló que "Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral". El candidato argumentó que se trataba de un símbolo nacional y pidió a la dirigencia del fútbol colombiano que evaluara los "efectos jurídicos" de este uso.

Pero la respuesta no vino de los despachos de la Federación, sino de miles de ciudadanos que volcaron su inconformidad en las redes. Lejos de respaldar sus preocupaciones, los votantes rechazaron tajantemente el pronunciamiento, tildándolo de autoritario y desconectado de la realidad legal del país. El argumento fue claro y contundente: quien compra una camiseta adquiere el derecho pleno sobre ella, lo que incluye la libertad de usarla para ir a votar, para mercar o para cualquier otra actividad.

La ciudadanía recordó al candidato varios puntos fundamentales. Primero, que la camiseta no es un uniforme institucional bajo control del Estado, sino un bien de consumo que se vende en tiendas. Segundo, que vestir los colores patrios durante un día de elecciones es, para muchos, un acto de civismo y celebración democrática. Y tercero, que resultaría simplemente absurdo que una federación deportiva pretendiera dictar un "código de vestimenta" para ejercer el derecho al sufragio.

La controversia evidenció cómo un gesto tan simple como usar una prenda de ropa se convirtió en punto de tensión política, pero también dejó claro dónde está parada la mayoría de los colombianos: en el lado de la libertad individual y el derecho de cada quien a decidir qué se pone.