Un audio de un disidente alias Rogelio Benavidas, integrante del grupo disidente de las Farc comandado por Calarcá, encendió la polémica. En la grabación, el hombre aseguró: "Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros". La revelación generó inmediato rechazo y puso al candidato presidencial Iván Cepeda en el centro de la controversia nuevamente.

Cepeda respondió a través de redes sociales con un mensaje en el que manifestó recibir constantes reportes de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre presiones ejercidas por grupos armados hacia el electorado. El candidato del Pacto Histórico escribió que "condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector" y aclaró que "ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones". Agregó que "sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley".

Sin embargo, la respuesta no satisfizo a sus críticos. El abogado Vladimir Salazar cuestionó públicamente la postura de Cepeda, señalando que resulta "llamativo que Cepeda no exija la intervención contundente de las Fuerzas Armadas para neutralizar a los grupos que están presionando a las comunidades a votar por él". Para Salazar, el candidato se limita a "repetir la fórmula que siempre usan los políticos cuando los pillan con las manos en la masa: que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes".

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, también salió al paso. Directamente responsabilizó a Cepeda por la situación actual, escribiendo: "No se lave las manos, @IvanCepedaCast. Lo que usted hoy denuncia, ayer lo construyó. La 'Paz Total' no fue un error de cálculo: fue una decisión política". Valencia agregó que en la actualidad esa decisión "tiene nombre propio en cada vereda donde un fusil le dice a un campesino por quién votar".

Los problemas van más allá de las presiones por parte de grupos armados. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, reportó en entrevista con Semana que se evidencia "la utilización de recursos ilegales, el tema de la compra de votos, del ofrecimiento de bienes y servicios del Estado para que se vote por determinadas candidaturas y la participación en política de funcionarios públicos". Con solo dieciocho días para la primera vuelta presidencial, cada reporte de irregularidad se convierte en una alarma más que genera inquietud sobre cómo se llevará a cabo este proceso electoral.