En medio del cambio de gobierno, una pelea pública entre dos exfuncionarias de la cartera agraria ha tomado fuerza en las redes sociales. La discusión gira en torno a un tema que afecta directamente a miles de campesinos: cuántas hectáreas ha entregado realmente el Gobierno.

Todo comenzó cuando la actual ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, publicó un balance reportando 142.589 hectáreas entregadas. De esas, aseguró que 87.602 ya están registradas ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, mientras que otras 54.018 están pendientes de ese trámite. Cecilia López, quien fue ministra al inicio del gobierno de Gustavo Petro, no tardó en cuestionarlo.

Para López, aquí está el problema: los números están inflados porque se está sumando tierra que apenas está en proceso de formalización con tierra que ya está completamente adjudicada. Su posición es clara: "Gestionar no es entregar". En su cuenta de X escribió: "Me perdonan, pero aquí están las consecuencias de entregar tierra mal, de inflar las cifras. Solo 87,000 hectáreas se entregaron con registro en las Orip; esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió". Agregó que "las tierras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos".

La ministra Carvajalino no se dejó pasar. Respondió acusando a López de tener "inmenso desconocimiento del régimen agrario y de las facultades de la Nación, y del gobierno como su representante, de administrar las tierras públicas". El tono subió cuando López contraatacó: "Usted misma reconoce que no han entregado 700 mil hectáreas y solo 87 mil tienen registro Orip. La gente no es boba y es clarísimo que tierra entregada por el gobierno sin escritura registrada en las Orip deja a sus ocupantes en absoluta vulnerabilidad frente a terceros".

La ministra escaló el conflicto insinuando beneficios hacia ilegales: "¡El silencio frente al proyecto paramilitar y la contrarreforma son evidentes! Mensajes que parecieran de apóstatas de la democracia y la justicia social!" López respondió tajante: "¡A mí usted me respeta, señora ministra! Deje su politiquería y señalamientos irresponsables. Mostrar su manipulación de los términos para inflar cifras no me hace parte de ningún proyecto paramilitar, sino que me muestra como lo que yo sí soy: una verdadera demócrata que no deja que engañen a los campesinos".

El fondo de la discusión es técnico pero crucial. Ambas reconocen el Decreto Ley 902 de 2017, que establece que el registro ante las ORIP no es opcional: es el requisito que garantiza seguridad jurídica y activa los efectos legales del título. Sin ese registro, los campesinos quedan vulnerables.

A pocos meses de terminar su mandato, el presidente Petro está lejos de cumplir una de sus promesas más importantes: formalizar siete millones de hectáreas conforme al Acuerdo de Paz y comprar otros tres millones adicionales para su entrega.