Tras 16 meses de investigación, la Policía desmanteló una red criminal que durante más de una década ha estado robando servicios públicos en Medellín. La SIJIN ocupó 28 inmuebles y 14 hoteles distribuidos en las comunas de La Candelaria, Laureles, Belén y Buenos Aires, todos señalados de participar en un esquema de defraudación que manipulaba sistemas de medición para evadir el pago de energía, agua y gas.

Todo comenzó cuando una empresa prestadora de servicios públicos presentó denuncias tras detectar inconsistencias sospechosas en los patrones de consumo de varias propiedades. Las inspecciones técnicas confirmaron lo que se sospechaba: los contadores estaban manipulados de manera intencional para reducir las facturas reales. Lo preocupante es que estas prácticas fraudulentas llevan ocurriendo desde el año 2013, es decir, casi doce años de robo descarado.

Las autoridades determinaron que no se trataba de casos aislados. Existe un patrón delictivo sistemático que conecta a propietarios de inmuebles y hoteles que tienen vínculos familiares, comerciales y societarios entre sí. La investigación reunió elementos de prueba suficientes para que la Fiscalía General de la Nación ordenara medidas cautelares: embargo, secuestro y suspensión de derechos sobre los bienes.

Lo grave va más allá de las pérdidas económicas. Las conexiones fraudulentas representan riesgos reales para los vecinos y la comunidad en general. Incendios, fugas de gas e inundaciones son emergencias latentes cuando se manipulan sistemas de distribución de servicios. Entre 2020 y 2025, solo por defraudación de fluidos se calcula que se han perdido más de 1,24 billones de pesos, con afectaciones anuales cercanas a los 207 mil millones.

Los 28 inmuebles y 14 hoteles fueron avaluados en más de 96 mil millones de pesos. Ahora están bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administrará los bienes mientras avanza el proceso judicial contra los implicados. Para Medellín, este golpe a la criminalidad constituye un paso importante en la lucha contra la defraudación de servicios que afecta los ingresos de las empresas proveedoras y, en última instancia, a todos los ciudadanos que sí pagan sus facturas honestamente.