Cuando el ataque a Buenos Aires durante las Novenas de Aguinaldos de 2025 desplazó a más de 300 familias hacia Cali, quedó en evidencia lo que ya sabían las autoridades: el Cauca y el Valle del Cauca comparten más que una frontera. Comparten una geografía que ha permitido que durante décadas se desarrolle una infraestructura criminal sofisticada que alimenta violencia, drogas y economías ilegales que golpean implacablemente a los civiles.

A principios de 2026, los ataques con drones en Cajibío y Dagua, sumados al audaz robo de diecisiete camionetas de alta gama en la vía Panamericana a la altura de Santander de Quilichao, confirmaron que la oleada de violencia no se había tomado ni un respiro. Fue precisamente en ese municipio donde mandatarios del Valle y el norte del Cauca se sentaron a una mesa para hacer algo que algunos consideran debería haberse hecho hace años: actuar como un bloque unificado.

De ese encuentro nació la Alianza Bidepartamental de Seguridad, una iniciativa que contempla planes de choque inmediatos, coordinación permanente entre secretarías de seguridad, "Corredores Seguros" y una bolsa unificada de recompensas. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó que por primera vez logran una mesa integral que incluye alcaldes, Fuerza Pública, Fiscalía y organismos de derechos humanos. El alcalde Alejandro Eder, impulsor del diálogo, celebró la conformación de un fondo conjunto subregional, argumentando que la unión de recursos es la única vía para municipios sistemáticamente golpeados por la violencia.

El analista de seguridad Stuart León respalda la iniciativa desde una premisa fundamental: "Las estructuras armadas operan como una sola red territorial que se mueve entre ambos departamentos sin reconocer límites administrativos. Mientras las autoridades actuaban de manera fragmentada, los grupos ilegales consolidaban corredores, finanzas y control social". Señaló que municipios como Jamundí se convirtieron en zonas bisagra donde lo que sucede en el norte del Cauca tiene repercusión inmediata en el sur del Valle.

No todos comparten el optimismo. El General (r) Pedro Federico Przychodny Jaramillo cuestiona que esta estrategia sea suficiente. Para él, concentrarse en "Corredores Seguros" es como "cuidar un conjunto cerrado mientras al frente están robando". Critica que los criminales han amarrado a las tropas a las vías y advierte que sin operaciones en las partes altas de los territorios donde operan estos grupos, la iniciativa generará apenas una falsa sensación de seguridad mientras los ilegales continúan desarrollando sus actividades.

Ambos analistas coinciden en algo crucial: el verdadero desafío está en las economías ilícitas que financian a los grupos armados. Mientras el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión sigan siendo las venas que alimentan estas estructuras delincuenciales, la violencia continuará reciclándose. Control de corredores, inteligencia integrada, judicialización efectiva y presencia permanente en zonas críticas son los retos pendientes.

El primer test de esta alianza llegará pronto con la jornada electoral del 8 de marzo, donde el país podrá empezar a evaluar si esta unión de voluntades políticas y recursos realmente traduce en mayor seguridad para los ciudadanos, o si quedará como un esfuerzo loable pero incompleto. Lo cierto es que aunque ambos departamentos reconocen que no hay soluciones inmediatas, esta estrategia conjunta podría sentar las bases para recuperar territorios que la institucionalidad ha perdido hace décadas.