Un choque entre la bancada progresista y el Ejecutivo sacudió el fútbol profesional colombiano este lunes cuando Catherine Juvinao, representante a la Cámara, encendió la alarma sobre una desigualdad laboral que afecta directamente a cientos de futbolistas mujeres. La congresista cuestionó en redes sociales que el Ministerio del Deporte haya aprobado un reglamento de la Dimayor que, según su análisis, institucionaliza la discriminación de género en las condiciones de trabajo.

El punto de la discordia es contundente y fácil de entender: en la liga masculina, todos los 25 jugadores inscritos deben tener contrato laboral. En la liga femenina, en cambio, los equipos pueden tener entre 15 y 25 jugadoras profesionales con contrato, pero también hasta 10 jugadoras que trabajan como "aficionadas sin contrato". Esto significa que esas mujeres no acceden a beneficios fundamentales como salud, pensión y seguro de riesgos laborales. "¿Adivinen cuál es la liga de mujeres? ¡Exacto! A las que les toca jugar sin contrato", escribió Juvinao con la ironía que caracteriza sus publicaciones.

Para la congresista, esto va más allá de un tecnicismo administrativo. Ella argumenta que la Ley 2466 de 2025 es clara: "todo deportista que preste servicios bajo subordinación de un club profesional DEBE tener contrato de trabajo especial". Según Juvinao, llamar a alguien "aficionada" cuando trabaja subordinada a un club es jurídicamente una trampa para evadir responsabilidades. Para ella, el aval ministerial representa "la confirmación de una visión machista y discriminatoria" que envía un mensaje peligroso: "El trabajo de ustedes vale menos porque ustedes valen menos".

Desde el Ministerio de Trabajo llegó la respuesta. Antonio Sanguino, sin nombrar directamente a Juvinao, salió al paso afirmando que el Gobierno del Cambio ha priorizado los derechos laborales. "En el Gobierno del Cambio no necesitamos que nos exijan inspeccionar: esa es nuestra función y nuestro talante", manifestó en redes sociales. El ministro enumeró espacios de concertación entre actores del fútbol y logros como remuneraciones justas, permisos y participación en regalías por transmisiones.

Para sustentar su posición, Sanguino presentó números: mientras en 2024 hicieron 4 visitas de inspección a clubes, en 2025 fueron 34, y ya acumulaban 5 más en 2026. Sin embargo, Juvinao fue directa en su respuesta: aunque reconoce el compromiso del Ministerio de Trabajo, cuestionó que el de Deporte no actúe con la misma convicción. "Aun con ministra mujer está actuando en contra de las garantías para las mujeres jugadoras de la Liga Femenina", señaló.

La tensión permanece abierta. Mientras Sanguino aseguró que la denuncia será integrada a planes de seguimiento con sanciones y mejoras, Juvinao escaló el conflicto pidiendo la intervención formal de la Procuraduría. Para la congresista, la situación vulnera el derecho fundamental a la igualdad y reiteró su compromiso: "Seguiremos evidenciando la lamentable discriminación de género de la que han sido víctimas por años por cuenta de la FCF, la Dimayor y los distintos clubes".