La violencia no da tregua en el Catatumbo. El asesinato de seis personas en la carretera que une a Ocaña y Ábrego ha puesto de nuevo en la mesa la cruda realidad de la inseguridad que golpea al país, particularmente en las regiones en disputa por grupos armados. El ataque ocurrió en la vereda de Oropoma de Ábrego, donde los cuerpos fueron encontrados en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección, UNP. Entre las víctimas está Freiman David Velásquez, líder social miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat, quien contaba con un esquema de protección estatal.

Con Velásquez murieron su hermana Yidy, Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, también miembro de Asuncat, un firmante de paz y dos escoltas de la UNP. El crimen no es un episodio aislado. Organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp/OEA), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal han manifestado su preocupación por el grave deterioro de la seguridad no solo en el Catatumbo, sino también en Cauca y Valle del Cauca, regiones que sufren embates similares.

La confrontación entre grupos armados en estas zonas ha generado una cadena de amenazas, estigmatización y ataques directos contra civiles, líderes sociales, miembros de juntas de acción comunal y autoridades locales. Las consecuencias humanitarias son inaceptables. El Catatumbo, a pesar de su riqueza en recursos naturales, padece altos índices de pobreza y ha sido zona de disputa durante décadas. En sus diez municipios operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que se enfrentan por tierra, negocios ilícitos y minería ilegal, dejando a la población civil indefensa en medio del fuego cruzado.

Ante este panorama, la exigencia es clara: tanto el gobierno nacional como los grupos armados deben cumplir de manera irrestricta e incondicional las normas del Derecho Internacional Humanitario. El Estado tiene el deber sagrado de proteger a los colombianos; los grupos armados, el de respetar la vida de los civiles. La protección de la población civil no está sujeta a interpretación ni cumplimiento discrecional. Es un imperativo que no admite negociación.