El presidente Petro sigue insistiendo en que el objetivo de actualizar masivamente los avalúos catastrales rurales es que "los ricos paguen impuestos" y cumplir con lo que ordenan la ley y el Acuerdo de Paz. Tiene razón en que existe una obligación legal: la Ley de 1983 exige actualizar cada cinco años estos avalúos, y el acuerdo fariano establecía que en máximo siete años debía concretarse esta actualización catastral. Ningún gobierno lo ha logrado.

El problema es que las soluciones basadas en percepciones ideologizadas, en lugar de análisis objetivos, terminan en lo que se conoce como chambonadas. Cuando se reduce el asunto a que "los terratenientes no quieren pagar impuesto", se pierde de vista que la Ley del Plan tenía un parágrafo que ordenaba aplicar gradualidad en los aumentos. El Ministerio de Hacienda y el DNP debían elaborar un proyecto que limitara el crecimiento del impuesto predial bajo principios de progresividad. Eso nunca pasó. En su lugar, vino la Resolución 2057 de diciembre de 2025 con incrementos que, en algunos municipios, resultaron exorbitantes y absurdos.

Y aquí viene lo revelador: según el IGAC, la actualización afecta a más de 1.600.000 predios, el 98,6% con menos de 100 hectáreas. No son los ricos los que están protestando, sino los campesinos y medianos productores, justamente quienes el Gobierno dice defender. Se logró un acuerdo en Santander con mediación del gobernador, pero el ministro del Interior cerró la puerta a replicarlo en otras regiones, mandando un mensaje de que sin protesta no hay negociación.

Pero lo más grave vino después, en una clara confesión de que algo andaba mal. La Dirección General del IGAC trasladó la responsabilidad de las soluciones a sus directores regionales, algo nunca visto. Un problema que debería tener solución centralizada, empezando por suspender la Resolución 2057, ahora depende de cuántas negociaciones se logre hacer con cada director regional del IGAC.

De esta forma, el Gobierno convirtió un error en una serie de errores continuos. En lugar de reconocer que la medida se aplicó sin gradualidad y corregir el camino, prefirió descentralizar la solución y multiplicar las negociaciones. El resultado es que seguimos de chambonada en chambonada, sin que se resuelva el fondo del asunto.