El proceso judicial contra Santiago Uribe Vélez entró en un nuevo capítulo esta semana cuando el Tribunal Superior de Antioquia decidió enviar su caso a la Corte Suprema de Justicia. El hermano del expresidente Álvaro Uribe enfrenta una condena de 28 años y 3 meses de cárcel tras ser hallado culpable por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, relacionados con su supuesta vinculación al grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles".

Lo interesante del giro es que la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó un recurso de impugnación especial buscando revertir la condena de segunda instancia. Resulta que en noviembre de 2024 un juez lo había absuelto de los cargos, pero luego el Tribunal Superior revocó esa decisión el 25 de noviembre de 2025 y lo condenó. Ahora tocará a la Corte Suprema resolver el asunto bajo el principio de doble conformidad, después de que tanto la defensa como los demás participantes en el proceso presentaran sus argumentos dentro de los plazos establecidos.

El caso trae consigo una batalla jurídica de fondo que va más allá de las acusaciones contra Uribe. Existe un importante debate sobre si los delitos de lesa humanidad prescriben. Una interpretación legal sostiene que los cargos podrían prescribir entre 2026 y 2027, mientras que otra argumenta que el plazo llega hasta 2032. Esta definición será crucial para determinar el futuro judicial del procesado.

Según la investigación de la Fiscalía, "Los 12 Apóstoles" utilizaba la hacienda La Carolina, propiedad de Uribe, como punto de reunión. El tribunal condenó a Uribe por un concurso de delitos de lesa humanidad, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, además de ordenarle pagar 6.500 salarios mínimos mensuales vigentes. El Tribunal señaló que debía "declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado artículo 340 inciso tercero del Código Penal".

Los representantes de las víctimas del grupo paramilitar han insistido en que hay testimonios clave que el juez inicial pasó por alto. El abogado Sergio Mesa, quien representa a las víctimas, resaltó que el testimonio de José Leonel Restrepo es fundamental. Restrepo declaró que sicarios frecuentaban la hacienda La Carolina y que Uribe tuvo contacto con ellos. La defensa, en cambio, ha señalado que otros responsables del homicidio de Camilo Barrientos, conductor de bus asesinado en 1994, fueron el mayor retirado Juan Carlos Meneses y Alexander Amaya.