La etapa preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, cerró sus puertas después de año y medio intenso de audiencias y análisis de material probatorio. El juez Hugo Carbonó finalizó la revisión de más de dos millones de pruebas presentadas por la Fiscalía, la defensa y la Procuraduría en un caso que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, esta conclusión no significa que el juicio oral comience pronto: aproximadamente 800 de esas pruebas fueron cuestionadas por las partes, lo que abrió las puertas a nuevas batallas legales en una instancia superior.

El Tribunal Superior de Barranquilla ahora será el responsable de zanjar las apelaciones y decidir cuáles pruebas finalmente serán admitidas o excluidas del juicio. El juez Carbonó explicó que tomó esta decisión "para que sea el honorable Tribunal Superior de Barranquilla, en sede de apelación, quien tenga la última palabra sobre todas esas solicitudes probatorias". Esta determinación mantiene el juicio oral en suspenso hasta que los magistrados resuelvan cada uno de los casos controvertidos.

Entre las decisiones más relevantes tomadas durante la etapa preparatoria estuvo el rechazo del testimonio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El juez consideró que los hechos relacionados con la financiación de campañas presidenciales no tenían relación directa con el objeto del proceso contra Nicolás Petro, por lo que concluyó que su declaración carecería de pertinencia dentro del juicio. También fueron rechazadas varias pruebas sobre viajes y tiquetes aéreos adquiridos entre 2018 y 2023, al determinar que no cumplían con los requisitos necesarios para ser incorporadas.

Un punto especialmente sensible que ahora descansa en manos del Tribunal es el interrogatorio que Nicolás Petro rindió tras su captura en Barranquilla en julio de 2023. La defensa ha cuestionado reiteradamente la legalidad de ese procedimiento, argumentando que hubo irregularidades durante el operativo y vulneraciones a derechos fundamentales. Los magistrados también deberán pronunciarse sobre una entrevista que Nicolás Petro concedió a un medio de comunicación en agosto de 2023, poco después de que estallara el escándalo judicial.

El Tribunal Superior de Barranquilla tendrá en sus manos la responsabilidad de definir qué pruebas podrán ser utilizadas durante el juicio oral y cuáles quedarán definitivamente por fuera del expediente. Se espera que en las próximas semanas se resuelvan las apelaciones presentadas, un paso fundamental antes de que el juicio formal pueda comenzar. Este caso sigue siendo uno de los de mayor impacto político y mediático en el país durante los últimos años.