Colombia intenta recuperarse del escándalo de la Ungrd, donde se desviaron 1,4 billones de pesos. Pero antes de que la polvareda se asiente, emerge un nuevo caso que amenaza con ser aún más grave: el expediente conocido como AREMCA, que mantiene nueve personas detenidas desde principios de mes ante los jueces de control de garantías en Bogotá.

La investigación que lleva este nombre se concentra en cómo desaparecieron más de medio billón de pesos del Sistema General de Regalías. Este es el mecanismo con el que el Estado administra y distribuye el dinero que recibe por permitir que empresas exploten petróleo, carbón y minerales que pertenecen a la nación. Ese dinero debería ir a financiar colegios, hospitales y acueductos en las regiones. De esa fuente de recursos se apropió irregularmente la Asociación Regional de Municipios del Caribe, AREMCA, según acusa la Fiscalía.

Detrás de toda la operación estaría Gustavo Bolaño Pastrana, un ingeniero de Ciénaga de Oro en Córdoba, quien fue capturado en el caso. Reportes de EL COLOMBIANO sugieren que podría convertirse en testigo estrella, aunque su defensa, liderada por el abogado Ricardo Morales, niega que haya conversaciones sobre un preacuerdo con la Fiscalía. Lo curioso es que Bolaño dejó de aparecer legalmente como director de AREMCA en 2018, pero las autoridades sostienen que siguió siendo el jefe absoluto de la organización sin necesidad de figurar en papeles.

La Fiscalía describe a AREMCA como un "cartel de direccionamiento de contratos" que funcionaba como un grupo de delincuencia organizada. Identificaron aproximadamente 100 contratos celebrados sin los requisitos legales necesarios entre 2017 y 2026, distribuidos en Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Arauca, Casanare, Vichada, San Andrés, Bogotá, Caquetá y Cundinamarca. Solo en 2023, AREMCA fue designada ejecutora de 74 proyectos, lo que se traduce en unos 148 contratos.

Según las evidencias que presentó la Fiscalía, "todo lo que dijera Gustavo Bolaño, eso se hacía". Él decidía personalmente qué contratos firmaba la directora ejecutiva, Emilia Álvarez. Aunque sin cargo formal, Bolaño habría gestionado el cabildeo político con gobernadores y alcaldes para que AREMCA obtuviera recursos de regalías. Una vez asegurados los proyectos, supervisaba personalmente para que la asignación de contratos se hiciera "a dedo", ignorando los principios de selección objetiva.

Su participación llegaba hasta la ejecución del dinero. A través del grupo "Regalías SPGR", impartía órdenes para aprobar y pagar actas de cobro millonarias en apenas cinco minutos, incluso sin los avales técnicos requeridos. También habría negociado con contratistas la eliminación de impuestos y contribuciones territoriales, convirtiendo obligaciones legales en beneficios ilícitos para particulares.

Para que todo funcionara sin problemas, la Fiscalía indica que Bolaño reclutaba a profesionales jóvenes y recién graduados. Al ofrecerles su primer empleo, "aseguraba su lealtad y los utilizaba para que firmaran documentos de adjudicación y actas de cobro direccionadas".