El nuevo Congreso que asumirá en menos de cuatro meses arrancará con un lastre considerable. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique, ambos congresistas electos acusados de cohecho impropio en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Como no podrán tomar posesión de sus escaños el 20 de julio, sus curules quedarán vacías desde el primer día. Sin embargo, este no es un caso aislado. La realidad es mucho más compleja.

Según información que El Colombiano obtuvo de la Procuraduría General a través de un derecho de petición, el panorama es preocupante. La entidad tiene procesos abiertos contra 26 senadores electos (uno de cada cuatro) y 27 representantes a la Cámara (el 16 por ciento de la corporación). En total, esto equivale a que casi uno de cada cinco parlamentarios de los 286 que integrarán el nuevo Congreso llega con investigaciones administrativas o procesos sancionatorios. En el Senado hay 52 procesos en curso mientras que en la Cámara se adelantan 40 actuaciones, siendo posible que un mismo funcionario tenga varias investigaciones en su contra.

El Partido Liberal concentra la mayor cantidad de investigados entre los representantes con problemas disciplinarios. Héctor Olimpo Espinosa, senador electo por esta colectividad, acumula el mayor número de procesos: nueve actualmente vigentes, todos relacionados con su gestión como gobernador de Sucre entre 2020 y 2023. Otro liberal con procesos en contra es Santiago Montoya Montoya, exalcalde de Sabaneta, quien enfrenta investigaciones por no presentar su declaración de bienes y rentas, conflictos de intereses y declaración del impuesto sobre la renta.

En el Pacto Histórico también hay figuras investigadas. El senador Alex Flórez suma cinco procesos, la mayoría por su paso por el Concejo de Medellín. Carmen Patricia Caicedo, por su parte, ha acumulado 24 procesos a lo largo de su carrera, aunque solo tiene tres vigentes actualmente. En la Cámara de Representantes, Mello Castro González, exalcalde de Valledupar electo por los liberales, es el congresista con más procesos, siendo investigado por supuestos líos en el manejo de regalías y por no presentar su declaración de bienes y rentas.

La pregunta que genera incertidumbre es qué ocurre cuando la Procuraduría sanciona a estos congresistas. La respuesta no es simple. Aunque se dicte una sanción disciplinaria, esto no implica automáticamente que el funcionario pierda su cargo. Un fallo de la Corte Constitucional determinó que "es imperioso" asegurar que las decisiones sancionatorias "no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables antes de que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida un juez". El trasfondo fue una decisión anterior de la Corte Constitucional basada en un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del ahora presidente Gustavo Petro, que concluyó que el Ministerio Público no puede inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.

Según explica el abogado César Vargas, "Todas esas demandas contra los procesos terminan en el Consejo de Estado. A la luz de lo determinado por la CIDH y la Corte, se concluye que la sanción no queda en firme, sino que es necesario acudir al Consejo de Estado para que emita un pronunciamiento de fondo, porque lo que dice la Constitución es que nadie puede ser juzgado sino por su juez natural. En este caso hace el juez natural de una persona de elección popular es el Consejo de Estado".

Aunque estas investigaciones no garantizan expulsión del cargo, sí revelan un desafío institucional considerable para el nuevo Congreso. Con decenas de procesos en curso y varios casos que han capturado la atención pública, el papel de los organismos de control será determinante en los próximos meses. Lo que está en juego, al final, es la confianza de los ciudadanos en una de las ramas fundamentales del poder público.