Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, aparece cada vez más comprometido en la investigación sobre el presunto manejo irregular de recursos durante la contienda electoral. Ya había sido imputado por cuestiones de financiación, pero ahora sale a la luz un detalle que cambia la perspectiva del caso: según reportó la Revista Cambio, por sus cuentas personales pasaron más de 58 mil millones de pesos durante ese año electoral.

La cifra es preocupante porque supera significativamente los cerca de 50 mil millones de pesos que fueron reportados oficialmente por la campaña del Pacto Histórico. Los movimientos se concentraron especialmente entre febrero y julio de 2022, justamente en los meses en que se llevó a cabo la consulta interpartidista, la primera vuelta presidencial y la campaña hacia la segunda vuelta que finalmente selló la victoria de Petro.

Roa abrió tres cuentas en la Cooperativa Financiera Confiar durante el año. La primera la constituyó el 26 de enero de 2022, apenas días después de que Petro formalizara su inscripción como precandidato. Por esa cuenta fluyeron 11 mil 406 millones de pesos entre febrero y marzo. Una segunda cuenta, abierta el 6 de abril, registró movimientos por 31 mil 388 millones de pesos, con un pico de más de 21 mil 700 millones en mayo, justo cuando se celebraba la primera vuelta. En junio, cuando comenzó formalmente la segunda vuelta, abrió una tercera cuenta en la misma entidad por la que pasaron cerca de 11 mil 754 millones de pesos. En total, las tres cuentas en Confiar movieron más de 54 mil 500 millones de pesos.

A esto se suman movimientos en otras entidades bancarias. En Bancolombia ingresaron unos 3 mil 397 millones de pesos durante 2022, con un pico de más de 1 mil 800 millones en junio. En Davivienda hubo ingresos por cerca de 376 millones de pesos. Lo inquietante es que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) concluyó que no fue posible establecer el origen económico claro de determinados ingresos, es decir, si provenían de actividades laborales, honorarios o pagos por servicios.

Como gerente de campaña, Roa tenía la responsabilidad de autorizar gastos, coordinar operaciones financieras y supervisar cómo se ejecutaba el presupuesto de la candidatura presidencial. Frente a estas revelaciones, su defensa argumenta que parte de los movimientos corresponden a créditos obtenidos legalmente para financiar actividades de la consulta interpartidista del Pacto Histórico, y sostiene que "dichos recursos fueron reportados ante las autoridades electorales competentes". También rechaza algunas conclusiones de los análisis realizados, afirmando que los movimientos identificados tienen explicación dentro de las operaciones financieras relacionadas con la campaña.