Cartagena tiene una deuda histórica con sus habitantes de calle, y no se trata de un asunto que pueda dejarse pasar como un problema menor. Es una falla institucional y humana que toca lo más profundo: el cumplimiento de lo que la Constitución Política, la Ley 1641 de 2013 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional ya han establecido como obligación del Estado hacia una población que merece especial protección.

La ley no deja espacio para dudas ni interpretaciones creativas. La Alcaldía de Cartagena y las entidades responsables están obligadas a garantizar acceso efectivo a salud, atención integral, alimentación, rehabilitación, identificación e inclusión social de estas personas. No es un favor, ni un acto de buena voluntad, ni una decisión opcional. Es una obligación que cuelga del cuello del Estado.

Sin embargo, las denuncias que llegan desde distintos rincones de la ciudad pintan un panorama que preocupa. Habitantes de calle esperan horas por atención médica. Personas en evidente estado de vulnerabilidad no reciben respuesta oportuna. Las barreras son reales, y según reportan los ciudadanos, terminan convirtiendo el derecho a la salud en una promesa que se queda en el papel.

Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza se plantean preguntas que van al corazón del asunto: ¿cuál es la política pública actual de la Alcaldía para esta población? ¿Qué recursos se destinan? ¿Cuántos habitantes de calle han sido atendidos, rehabilitados o reintegrados? ¿Qué protocolos existen en la ESE Cartagena de Indias para garantizar su atención y protección de vida? Estas no son preguntas caprichosas. Son interrogantes legítimas que la administración distrital, los prestadores de salud y los organismos de control deben responder con claridad y con números verificables.

La pregunta más incómoda también está en la mesa: ¿acaso un habitante de calle vale menos que cualquier otro ciudadano? ¿Pierde sus derechos por dormir en un andén? La respuesta jurídica, constitucional y ética es contundente: no. La dignidad humana no depende del estrato, de la apariencia, de la historia de vida o del lugar donde alguien duerma. Ninguna persona deja de ser sujeto de derechos por su condición social.

Mientras la ciudad multiplica discursos sobre derechos humanos, muchas personas siguen esperando una ambulancia, una cama hospitalaria, una remisión que nunca llega. Cuando el Estado tarda, falla o simplemente se ausenta, el derecho a la salud deja de ser un derecho para convertirse en una condena. La denuncia hace un llamado urgente a todas las instituciones: Alcaldía, Secretaría de Participación Social, ESE Cartagena, Policía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de Salud. Les exige verificar el cumplimiento de obligaciones constitucionales, revisar la ejecución de recursos y adoptar medidas inmediatas.

El llamado es también para toda la sociedad cartagenera. Detrás de cada habitante de calle existe una historia de abandono, enfermedad, violencia o pobreza. Pero por encima de cualquier circunstancia hay un ser humano. No son basura, no son un problema que deba esconderse, no son ciudadanos de segunda categoría. Son colombianos protegidos por la Constitución, con derechos, y su vida vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro. El verdadero desarrollo de una ciudad no se mide por edificios ni cifras de turismo, sino por cómo protege a quienes más la necesitan. Ahora le toca a la Alcaldía responder con hechos y no con discursos.