En Cartagena continúa creciendo la angustia entre trabajadores del sector salud. Médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros y personal administrativo de varias clínicas aseguran que enfrentan retrasos en el pago de salarios que ya se ganaron con su trabajo. Pero lo más preocupante es que algunos de ellos denuncian presuntas amenazas e intimidaciones después de reclamar públicamente su situación o protestar pacíficamente.

La investigación adelantada por la Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena documentó denuncias que involucran, presuntamente, a trabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande, Clínica Maternidad Bocagrande de Alta Complejidad, Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth, Clínica San José de Torices y Clínica Blas de Lezo. Lo que inicialmente parecía una serie de casos aislados ahora se perfila como una problemática que está afectando gravemente la estabilidad económica de cientos de familias cartageneras.

El panorama es desalentador. Mientras estos profesionales continúan atendiendo pacientes con vocación y dedicación, muchos de ellos no saben cuándo recibirán el dinero que legalmente les corresponde. La respuesta que algunos han recibido resume el problema: "No hay plata… y si no le sirve, renuncie." Esta frase se ha convertido en el reflejo de una crisis que vulnera derechos fundamentales. El artículo 25 de la Constitución Política reconoce que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, y el artículo 53 ordena garantizar el pago oportuno del salario. Estas garantías, según las denuncias, estarían siendo incumplidas.

Lo más grave de esta situación es que algunos trabajadores aseguran haber recibido presuntas amenazas e intimidaciones después de ejercer su derecho a protestar pacíficamente o denunciar su caso a través de redes sociales. Si estos hechos se confirman, estaríamos ante una violación aún más seria de derechos laborales y de libertad de expresión. Ningún trabajador debería sentir miedo por reclamar lo que legalmente le pertenece, y ningún profesional de la salud debería ser intimidado por defender sus derechos.

La situación plantea interrogantes que demandan respuestas inmediatas. Si los recursos destinados a la prestación de servicios de salud continúan siendo girados, ¿por qué tantos trabajadores denuncian retrasos en el pago de sus salarios? Si existen problemas administrativos, financieros o de gestión, las responsabilidades deben ser investigadas y determinadas conforme a la ley. Lo que no puede seguir ocurriendo es que quienes sostienen el sistema con su trabajo sean quienes paguen las consecuencias de la crisis.

La Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena han solicitado al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y Personería Distrital de Cartagena instalar de manera urgente una mesa de trabajo para verificar estas denuncias, proteger a los trabajadores y construir soluciones reales. No se trata únicamente de revisar balances financieros, sino de proteger vidas, familias y derechos.

Los trabajadores de la salud no están pidiendo privilegios. Están exigiendo respeto, dignidad y el pago del fruto de su trabajo. Si estas denuncias son ciertas, las autoridades deben actuar de inmediato. Cartagena no puede seguir guardando silencio frente a una problemática que lastima familias completas y debilita la confianza en un sistema que depende del compromiso de quienes todos los días dedican su vida a cuidar la de los demás.