El Gobierno Nacional anunció la postulación de Carolina Olarte Bácares como candidata para ocupar una magistratura en la Corte Penal Internacional, una de las instancias judiciales más significativas del orden internacional. Sin embargo, su nombre ahora entra en un proceso de elección entre Estados que definirá quiénes serán los seis nuevos jueces del tribunal. No es un nombramiento directo, sino una competencia en la que varios países presentan sus candidatos.

La trayectoria de Olarte está profundamente enraizada en el derecho internacional, la academia y la representación del Estado en espacios jurídicos globales. Actualmente desempeña el cargo de embajadora de Colombia ante el Reino de los Países Bajos y ha estado involucrada en la defensa jurídica del país frente a la Corte Internacional de Justicia. También participa en procesos arbitrales internacionales en La Haya, lo que demuestra su experiencia en negociaciones y litigios de alto nivel entre naciones.

Antes de su incursión en la diplomacia, construyó una carrera sólida en la academia. Fue abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y un doctorado en Derecho de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Entre 2020 y 2023 fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, lo que subraya su peso en los círculos académicos del país.

Precisamente ese perfil explica por qué Colombia la postuló en la lista B, la categoría destinada a candidatos con reconocimiento probado en áreas del derecho internacional directamente vinculadas con el trabajo de la Corte: derechos humanos, derecho internacional humanitario y disciplinas relacionadas. A diferencia de otros aspirantes que quizás provienen de carreras como jueces penales nacionales, Olarte llega con una especialización internacional de nivel avanzado.

La importancia de esta candidatura va más allá de lo protocolario. La Corte Penal Internacional no arbitra conflictos entre países, sino que juzga la responsabilidad penal individual por crímenes gravísimos reconocidos internacionalmente: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo ciertas condiciones, crimen de agresión. Ser magistrada allí implica participar en decisiones sobre justicia transicional, persecución de atrocidades y garantías procesales en escala planetaria.

Es importante aclarar que la Corte Penal Internacional no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia. La segunda resuelve disputas entre Estados; la primera procesa personas acusadas de los crímenes más graves. Olarte conoce bien el terreno de la diplomacia jurídica entre naciones, pero ahora su candidatura apunta a un tribunal con otra lógica, otros casos y un peso político mucho más delicado.

La elección de los seis nuevos magistrados está programada para la sesión de la Asamblea de los Estados Partes que se celebrará en Nueva York entre el 7 y el 17 de diciembre de 2026. Los jueces de la CPI ejercen mandatos de nueve años, así que la apuesta colombiana no es menor: el país no solo busca colocar a una jurista en un tribunal prestigioso, sino ganar presencia en uno de los espacios más determinantes donde se define cómo se castiga lo peor que hace la humanidad.