La justicia ha puesto fin a un caso que deja un sabor amargo en la comunidad cundinamarquesa. Trece personas fueron condenadas el 23 de junio por su participación en una red clandestina de peleas de perros que operaba en La Calera. El hecho más grave es que nueve de los sentenciados son ciudadanos extranjeros provenientes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, lo que revela que esta actividad ilegal tenía alcance internacional.

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo en una finca de la vereda Aurora Alta. Según las investigaciones, los organizadores montaron una verdadera estructura para el evento: prepararon un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para los espectadores, e incluso acondicionaron un ring donde realizaban las confrontaciones entre animales. Todo apunta a que se trataba de un negocio bien planeado, con personas que viajaron desde otros países para participar y financiar la actividad.

Cuando la autoridades allanaron el lugar en flagrancia, encontraron una escena desgarradora. Recuperaron dos perros muertos con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Además, rescataron doce caninos más de los cuales seis presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos. El Grupo Especial contra el Maltrato Animal fue decisivo en documentar todo lo necesario para la investigación.

Entre los condenados están Julián Esteban León Ramírez, identificado como el organizador de la convención, y Carlos Alberto Cifuentes Hernández, quien actuaba como veterinario dentro de la estructura del evento. Todos los implicados aceptaron los cargos por muerte de animal y lesiones que menoscaban gravemente la salud e integridad física de estos, con agravantes por explotación económica.

Las penas son significativas: cada uno de los trece condenados deberá cumplir 31 meses y 15 días en prisión, además de pagar una multa equivalente a 28,5 salarios mínimos legales mensuales. Pero hay algo más que marca un antes y un después en sus vidas: quedan inhabilitados para ejercer cualquier actividad relacionada con la tenencia y cuidado de animales durante el mismo período de su condena.

Con esta sentencia, el proceso judicial queda cerrado en primera instancia. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la investigación realizada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal fue fundamental para establecer todas las condiciones del evento y permitir que la justicia actuara de manera contundente.