La cárcel La Paz de Itagüí continuará sin cámaras de seguridad funcionando durante casi dos meses más. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, informó que el contrato para la operación y mantenimiento del sistema de vigilancia electrónica entrará en vigor el 30 de abril. Mientras tanto, el penal de máxima seguridad funcionará sin monitoreo digital. Las autoridades explicaron que la demora obedece a los tiempos del proceso de contratación.

Esta situación genera más preocupación después de que hace pocas semanas se conociera un video que circuló masivamente mostrando una fiesta no autorizada dentro de la cárcel. El evento incluyó al cantante vallenato Nelson Velásquez acompañado de una banda completa de músicos, garrafas de aguardiente sobre las mesas y abundante comida. El video fue divulgado por el concejal Andrés Felipe Tobón Villada, quien cuestionó públicamente qué se estaba celebrando en ese centro de reclusión y mostró un fragmento de la canción "Después de ti", que el artista interpretó para los reclusos.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue claro: el evento no contó con autorización de su Dirección General, el Gobierno nacional, ni el Ministerio de Justicia. Como respuesta, se ordenó el cambio inmediato del director del penal y el traslado del comandante de vigilancia. Además, iniciaron una investigación disciplinaria contra siete funcionarios del Inpec que estaban de turno durante la parranda.

El escándalo tuvo consecuencias políticas inmediatas. El Gobierno suspendió los diálogos con los cabecillas de bandas delincuenciales hasta aclarar lo sucedido en el penal. Semanas después, la Fiscalía General, representada por Luz Adriana Camargo, anunció una decisión importante: revocar la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura que pesaban sobre líderes de estructuras criminales que venían participando en los diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. "De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión", expresó Camargo en entrevista con Caracol Radio.

La medida de suspensión se mantiene únicamente para las otras siete órdenes de captura restantes. Esto revierte una política adoptada tras solicitud del Gobierno de Gustavo Petro en su estrategia de "paz urbana", que buscaba permitir que estos líderes actuaran como voceros desde dentro de la cárcel. El incidente en Itagüí evidenció vulnerabilidades de seguridad que afectaron la credibilidad del proceso.