El escándalo que sacudió a la cárcel La Paz de Itagüí va más allá de lo que parecía un acto aislado. La fiesta vallenata del 8 de abril, donde presuntamente participaron entre 80 y 100 invitados con cantantes como Nelson Velásquez y Luis Alfonso Posada, resulta ser apenas la punta del iceberg. Ahora sale a la luz que estas celebraciones con lujo al interior del penal de máxima seguridad habrían sido práctica recurrente.

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien destapó este escándalo, reveló en medios radiales que en diciembre pasado también se habría realizado una "marranada" dentro del centro penitenciario. Pero hay más: en febrero del año anterior denunció una "tarde de hamburguesas y prepagos". Para Carrasquilla, estos eventos repiten un preocupante patrón de permisividad que no debería existir en un sitio de máxima seguridad.

La fiesta del 8 de abril es la que generó mayor revuelo. El evento tuvo un costo estimado de 500 millones de pesos, cantidad que incluía honorarios artísticos, logística, alimentos y licor. Lo más grave es que, según la concejal, la entrada de músicos, equipos técnicos, bebidas alcohólicas y visitantes solo fue posible con autorización de los funcionarios de custodia. Además, no habría registros completos de quiénes entraron ese día al penal, lo que levanta sospechas sobre los controles internos.

Los internos involucrados son reconocidos cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá que han participado en espacios de diálogo de paz urbana con el Gobierno. Esto ha generado inquietud sobre si se les habría dado una interpretación muy amplia de los beneficios que podrían tener en ese contexto de negociaciones.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Gustavo Petro tomó cartas en el asunto. Durante un consejo de ministros, anunció el traslado inmediato de los internos implicados a un centro penitenciario en Bogotá. "Se acabó el tema", afirmó el mandatario, buscando así restablecer el orden y evitar que se repitan este tipo de irregularidades.

Mientras tanto, Claudia Carrasquilla presentó denuncias ante la Fiscalía y otras instancias judiciales. La investigación interna del Inpec también está en marcha, con el objetivo de determinar si hubo omisión de funciones, posibles sobornos o extralimitaciones en la aplicación de acuerdos vigentes. El caso sigue siendo materia de escrutinio judicial.